Medio centenar de alumnos de periodismo de la UMHE visitan el Congreso de los Diputados

Hoy martes 23 de marzo un grupo de más de 50 alumnos estudiantes de 5º curso de periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche visitarán el Congreso de los Diputados, acompañados por el diputado ilicitano Carlos González

La previsión es que a las 13.00 h realicen una visita guiada por las instalaciones del Congreso de los Diputados; y que, posteriormente, a las 16.00 h asistan desde la tribuna de invitados al desarrollo de la sesión plenaria, en la que se abordarán diversos asuntos en forma de toma en consideración de proposición de ley y también de proposición no de ley.

Asimismo, en torno a las 17.30 h, mantendrán un breve encuentro en la Sala Isabel II con el Presidente de la Cámara, José Bono.

Tras ello, a las 18.00 h mantendrán una sesión de trabajo con el Director de Comunicación del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Muñoz, y finalmente tendrán la oportunidad de conocer el punto de vista profesional de un cronista parlamentario en un encuentro con el responsable de información parlamentaria de EL PAIS, el periodista Fernando Garea.

La visita se enmarca en una serie de actividades organizadas por el Prof. Dr. José Luis González Esteban del Área de Periodismo-Dpto. Estudios Económicos, e incluye la visita a distintos medios de comunicación con sede en la capital de España. Estan implicadas las asignaturas de Periodismo Especializado, Téccnica y Práctica de la Información Gráfica y Producción Periodística.

En la antesala de la recuperación

En la antesala de la recuperación

Diga lo que diga el PP por boca de Mariano Rajoy, soy un firme convencido de que desde que se desató la crisis financiera, el Gobierno de España ha hecho lo correcto para luchar contra sus efectos. Y considero que el Ministerio de Economía y Hacienda, tanto Pedro Solbes primero, como Elena Salgado después, ha impulsado y aplicado con acierto las recomendaciones y acuerdos adoptados en el seno del llamado G-20 para frenar la crisis económica.

Dicho de otro modo, España ha hecho lo mismo que Francia, que Inglaterra, o que Alemania para paliar la crisis; y aquí como allí se han impulsado medidas de estímulo fiscal para compensar la caída intensa de la demanda privada; que en eso, precisamente, ha consistido el PLAN E, un plan de estímulo económico que ha supuesto la implementación de más de ciento veinte medidas destinadas a compensar con gasto público la vertiginosa caída del consumo y la inversión.

Medidas que, aunque han sido ridiculizadas, minusvaloradas y hasta despreciadas ora por el gurú económico del PP, Cristobal Montoro, ora por el infatigable dueto político integrado por María Dolores de Cospedal y Soraya Saez de Santamaría, han sido muy bien valoradas por organismos internacionales como el FMI y la OCDE, que han reconocido su planteamiento oportuno y acertado. Medidas que señalan que España ha sido uno de los países de la UE que más recursos ha movilizado en la lucha contra la crisis. Y que concretamente han supuesto un gasto público del 4,5 del PIB, 45000 millones de euros, cuyos efectos cabría resumir en que han servido para mantener más de 500.000 empleos y han permitido que 15.000 PYMES mantuvieran su actividad.

Afortunadamente en las últimas semanas estamos comprobando como poco a poco se desvanecen los negros presagios de los portavoces de la catástrofe y el apocalipsis, y se evidencia que no sólo se ha frenado el deterioro del PIB, sino que además han comenzado a gotear valiosos datos que indican que estamos dejando atrás la crisis y comenzando la recuperación (aumento del consumo de las familias, de las pernoctaciones hoteleras y de las matriculaciones; incremento del gasto de los turistas extranjeros, recuperación de la producción industrial, repunte de la afiliación a la Seguridad Social, inversión en bienes de equipo)

Y estando como estamos en la antesala de la recuperación, considero muy necesario el debate sobre la economía sostenible y la propuesta del Gobierno de avanzar hacia un cambio del patrón de crecimiento de nuestra economía. Porque aunque el vigente modelo de crecimiento económico ha proporcionado altas cotas de bienestar en los últimos quince años, es incuestionable que ha generado graves desequilibrios que es necesario corregir (baja productividad, excesiva temporalidad en el empleo, bajo gasto en I+D+i, mano de obra de baja cualificación, altas tasas de desempleo)

Un planteamiento que apunta hacia la necesidad de favorecer un crecimiento que se sustente en el valor añadido, en la calidad, en la eficiencia y en talento; que se aleja del crecimiento basado en el sobredimensionamiento de la construcción y que considera necesario dejar paso a otro modelo orientado a la sociedad del conocimiento, a las tecnologías de la comunicación y la información y a la economía verde (a la eficiencia energética y las energías renovables); un modelo dirigido hacia sectores de futuro como la eco-industria, la aeronáutica, el sector aeroespacial, la biotecnología, la industria cultural, los servicios sociales y las TIC; al tiempo que sea capaz de aprovechar el valioso potencial de los sectores tradicionales (el turismo, la construcción, la agricultura, la industria) reorientándolos hacia las nuevas tecnologías y la eficiencia energética, para favorecer una mayor productividad y competitividad.

En ese camino hacia un nuevo patrón de crecimiento, al Gobierno de España le corresponde liderar, impulsar, legislar e incentivar, poniendo recursos económicos que actúen como estímulo; pero indudablemente el modelo productivo no se cambia por decreto, es el producto de las decisiones de cientos de miles de emprendedores, de PYMES, de autónomos, y por ello precisa la implicación de toda la sociedad y de la estrecha cooperación de todos los niveles de la administración, también de la autonómica.

Y sinceramente, en este momento crucial en el que tanto nos jugamos, no sólo echo de menos en España un Partido Popular menos agresivo, más reflexivo y más constructivo, sino que echo a faltar en nuestra Comunidad un gobierno autonómico menos partidista y menos crispado; y, sobre todo, añoro un Presidente de la Generalitat comedido, sereno, dialogante y volcado en trabajar codo con codo con el Gobierno de Zapatero para que Alicante, Valencia y Castellón lideren en España el cambio de modelo productivo y retornemos cuanto antes a la senda del crecimiento económico y a la creación de empleo.

Pensiones, ejercicio de responsabilidad

La propuesta formulada por el Gobierno de España sobre el futuro de las pensiones, planteando fijar de forma progresiva un nuevo límite legal de jubilación a los 67 años, dos años más que el tope actual, se trata a mi juicio de un planteamiento serio y sobre todo muy necesario, cuya formulación constituye un ejercicio de responsabilidad política del Presidente Zapatero. Cuyo propósito no es otro que garantizar el sistema público de pensiones para las personas que se jubilen a partir de la próxima década y las siguientes.

No hablamos de las pensiones de hoy. No. Afortunadamente, el actual sistema goza de una salud de hierro, como ha recordado el ministro Corbacho hace unos días. Hablamos de futuro; el objetivo del Gobierno es que continúe igual de saludable en los decenios venideros. No obstante, siendo esto así es normal que muchos ciudadanos se pregunten ¿Por qué ahora?. Si nos alejamos del discurso que quizá sea más fácil articular, analizamos dónde estamos y cuáles son las perspectivas de la población española para las próximas décadas, no es complejo concluir que probablemente éste sea un momento muy propicio. Ahora cuando, pese a la crisis económica, el superávit en 2009 de la Seguridad Social ha sido superior a los 8.000 millones de euros; cuando se cuenta con 62.000 millones de euros acumulados en el Fondo de Reserva; cuando por cada pensionista hay 2,59 cotizantes a la Seguridad Social; y especialmente ahora cuando todavía no nos apremia el tiempo y podemos ser capaces de decidir con perspectiva siendo plenamente conscientes de que estamos inmersos en una compleja tendencia demográfica que nos llevará a que, en 2050 por cada pensionista haya 1,33 cotizantes, es decir prácticamente la mitad.

Además, la reflexión sobre la oportunidad del momento no puede perder de vista que en 2049 la población mayor de 64 años se habrá duplicado respecto a la actual, siendo el 32% del total, alrededor de 16 millones. Eso es así por razones de natalidad y, sobre todo, por el progresivo aumento de la expectativa de vida. España, tras Japón, es el país del mundo con una mayor longevidad de sus habitantes. En ese periodo de tiempo, hasta 2049, la población entre los 16 y los 64 disminuirá en casi 6 millones de personas y por cada 10 personas en edad de trabajar habrá 9 menores de 18 o mayores de 65 años.

Parece por tanto evidente que la sostenibilidad del sistema estaría entonces gravemente comprometida, lo que exige que se deban abordar medidas cuanto antes para que, sencillamente, el sistema público de pensiones sea sostenible y en ningún momento se perciban riesgos sobre su viabilidad. En consecuencia, lo que planteamos es que es oportuno ponerse a trabajar sin dilación. Es lo que ha hecho el Gobierno y el propio Zapatero al impulsar su propuesta, una alternativa abierta al debate, hecha con la pretensión de escuchar alternativas y sobre todo con ánimo de consenso.

Por ello, considero necesario resaltar que la posición del Gobierno supone un ejercicio de coherencia y de responsabilidad política, pese a los evidentes riesgos de incomprensión e impopularidad que a corto plazo ello pueda suponer. ¿Acaso sería mejor para nuestro país, dejar ese asunto a quien sea presidente del Gobierno en el año 2020 y desentenderse en estos momentos? como dijo recientemente el propio Zapatero. Es una cuestión de honestidad, de compromiso y también de coraje político; Zapatero hoy, como Felipe González en 1995 cuando impulsó el Pacto de Toledo, persigue que las pensiones públicas de los próximas 20 ó 30 años queden amarradas en España desde ahora mismo.

Nuestro sistema de pensiones es uno de los logros más preciados del Estado del Bienestar que hemos construido a lo largo de nuestra Democracia y su reforma es una necesidad inaplazable para garantizar su sostenibilidad futura. El espíritu que mueve al PSOE a proponer cambios importantes no es otro que asegurar que mantenga intacto su vigor, su solidez y la sujeción a los principios de contributividad, universalidad, equidad y solidaridad intergeneracional que lo sustentan y orientan su evolución. Tras la propuesta y tras las legítimas reacciones de cada cual llega el momento del diálogo, la reflexión serena y el consenso político que son los instrumentos de que se valen los grupos parlamentarios en la Comisión del Pacto de Toledo. En consecuencia, es el momento de que todos, partidos políticos y agentes sociales, hagamos un esfuerzo para mantener un debate sereno y constructivo, que nos permita llegar a acuerdos que sirvan para garantizar que todos y todas podamos mirar hacia el futuro con la certeza de que tenderemos una pensión pública garantizada y suficiente.

Carlos González
Diputado del PSOE por Alicante

Un Registro Civil moderno y eficaz

El Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, que la modernización del Registro Civil era un compromiso electoral del PSOE y uno de los objetivos centrales en la política de Justicia para la presente Legislatura. En consonancia con ese planteamiento, el Consejo de Ministros del pasado viernes 8 de enero dio luz verde al anteproyecto de ley que supone un cambio profundo del actual modelo registral, vigente desde 1957

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La norma que ultima el Ministerio de Justicia y que verá la luz en el presente periodo de sesiones, representa un paso decisivo para avanzar hacia el muy necesario objetivo de la modernización de un modelo registral obsoleto que no da respuesta a las necesidades ni de los ciudadanos ni de los profesionales del Derecho; y que, pese a los ímprobos esfuerzos realizados en los últimos años, no permite aplicar las ventajas derivadas del uso de las tecnologías de la información y comunicación.
La futura Ley creará un registro electrónico único, con una base de datos común para toda España, que permitirá el acceso a toda la información hasta ahora disgregada en los 8100 registros municipales y en los 177 registros integrados en las demarcaciones consulares; algo que será posible merced a la reciente culminación del programa Registro Civil en Línea, que ha permitido informatizar y digitalizar toda la información registral acumulada en más 120.000 libros desde 1950 y que ha supuesto una inversión total de 128 m.€ entre 2006 y 2008.

Con el cambio, se pasará del actual registro de hechos a un auténtico registro civil de personas. Esto es, el eje central será la persona, de modo que cada ciudadano tendrá una ficha personal única en la que se inscribirán los hechos y actos que le afecten a lo largo de su vida (nacimiento, matrimonio, filiación, modificaciones judiciales de la capacidad de las personas, etc.); es decir, se tratará de un registro individual donde constará todo el historial civil desde su nacimiento, frente al sistema vigente organizado en cuatro secciones estancas y fraccionado territorialmente.

En concreto, con la inscripción del nacimiento se le asignará un Código Personal de Ciudadanía (CPC) correspondiente a una secuencia alfanumérica, que servirá para todos los trámites que el usuario precise realizar con el Registro Civil; de ese modo los libros tradicionales darán paso a una base de datos electrónica común que garantiza la unidad y seguridad de la información y especialmente la eficacia en la gestión; y que además permite que el ciudadano pueda consultarlo por Internet o realizar trámites en cualquiera de las oficinas del registro civil del país. Igualmente, con la nueva Ley dejarán de expedirse Libros de Familia, que serán sustituidos por certificaciones registrales, que podrán solicitarse personalmente o a través de Internet.

Por otra parte, la modernización del Registro Civil conlleva su desjudicialización, pasando a configurarse como órgano administrativo, dependiente del Ministerio de Justicia y gestionado por funcionarios públicos, cuyas decisiones, lógicamente, estarán sometidas a control judicial. Lo que implica la descarga de los órganos judiciales de una función impropia, de trabajo, permitiendo que éstos puedan dedicarse en exclusiva a su función constitucional de juzgar y ejecutar lo juzgado.
Otra consecuencia positiva es la reducción de las cargas burocráticas y las comparecencias personales; con el nuevo sistema sólo de forma excepcional será necesario acudir personalmente al Registro Civil y la firma electrónica será el elemento esencial en la gestión y custodia del Registro Civil. En esa línea, con la nueva normativa los funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, tendrán acceso a la información que obra en el Registro, por lo que ya no necesitarán solicitar certificaciones a los ciudadanos. Y además los centros sanitarios, los Ayuntamientos o los propios órganos judiciales remitirán al Registro Civil por vía telemática la documentación necesaria para inscribir los hechos objeto de inscripción registral.

En otro orden de cosas, el cambio legal en marcha propicia el reconocimiento del derecho al uso de las lenguas oficiales del Estado y que, por ende, los ciudadanos puedan obtener certificaciones en cualquiera de estas lenguas en consonancia con la pluralidad lingüística del Estado. Asimismo se amplía la relación de actos que han de ser objeto de asiento para acomodarse al Derecho civil autonómico.
En definitiva, estamos en la antesala de un nuevo Registro Civil moderno y rápido, que aporta mayores niveles de accesibilidad y eficiencia a las relaciones entre los ciudadanos y la Administración, sin que se resienta la imprescindible seguridad jurídica; y que está en perfecta sintonía con los objetivos del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero para la transformación del servicio público de Justicia contemplado en el Plan Estratégico para la Modernización del Sistema de Justicia 2009-2012.

Esfuerzo fiscal y recuperación

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde al inicio de la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado, cuya prioridad fundamental es sacar a España de la crisis sin que se resienta el esfuerzo en protección social.

Las cuentas presentadas por la Vicepresidenta del Gobierno Elena Salgado para el año próximo son, desde la perspectiva del gasto, austeras, solidarias y muy inversoras; y, desde la perspectiva de los ingresos contemplan una subida moderada de los impuestos. Un hecho relevante éste, sobre el cual considero necesario exponer algunos elementos para enriquecer el debate.

En primer lugar, es preciso resaltar cuales son los tres objetivos básicos de esta subida moderada de impuestos. Uno, atender las mayores necesidades de protección social derivadas de la crisis económica; dos, mantener la capacidad inversora del Estado en infraestructuras, factor clave para el fomento de la recuperación económica; y, tres, volver a situar a nuestra economía en la necesaria estabilidad presupuestaria.

En segundo lugar, frente a las generosas ofertas de rebaja tributaria de Mariano Rajoy, puede resultar muy ilustrativo recordar que la presión fiscal si sitúa hoy en el 32,4 por ciento del PIB, la más baja que ha habido en nuestro país desde 1995; mientras que con los gobiernos del PP estaba dos puntos por encima, exactamente, en el 34,5, llegando incluso a alcanzar el 35,5% del PIB en 2002, según Eurostat. También puede ser de utilidad contemplar lo que ocurre en materia impositiva en los países de nuestro entorno, donde el esfuerzo fiscal medio es del 40,4 % en la Eurozona, en Alemania del 39,5 %, en Francia del 43,3 y en Italia también del 43,3 % del PIB, frente al moderado 32,6 de España.

En consecuencia, la presión fiscal hoy en España es sustancialmente menor que en los países de nuestro entorno e inferior a la que existía cuando gobernaba el PP. Lo que, lejos de ser una casualidad, es el fruto de meditadas decisiones adoptadas por el equipo económico encabezado por el ex vicepresidente económico Pedro Solbes y que han resultado muy positivas para la economía española; medidas que en su conjunto han reportado un nada desdeñable alivio fiscal para los ciudadanos, cifrado en casi 20.000 millones de euros (rebaja impuesto sociedades, reducción IRPF, supresión impuesto patrimonio); y que, no podemos olvidar, han sido adoptadas en un contexto económico caracterizado por el aumento sostenido del gasto social, por el incremento de la inversión productiva, por la reducción constante de la deuda del Estado y por la generación por primera vez en la Democracia, de tres superávits presupuestarios consecutivos.

También considero determinante poner frente a frente la propuesta del Gobierno de Zapatero, subir moderadamente la presión fiscal, con la de líder del PP, Mariano Rajoy, bajar impuestos. Dejando de lado la escasa credibilidad que puede merecer el planteamiento de quienes hacían exactamente lo contrario cuando gobernaban, considero que la propuesta fiscal del PP no sólo es insolidaria, sino que es contraproducente con el objetivo de salir de la crisis. Porque el binomio menos impuestos y menos gasto público, no se traduce como nos quiere hacer creer la derecha, en más empleo, no; aunque lo silencian astutamente, sabemos bien que si a la caída de la recaudación derivada de la disminución de la actividad económica se le añade una reducción de impuestos, la consecuencia inevitable tiene que ser, menos pensiones y prestación por desempleo, menos inversión en infraestructuras, educación e investigación y menos gasto en servicios públicos esenciales. Cuando a juicio del PSOE, lo que realmente necesita España en este momento es, por supuesto austeridad en el gasto, pero haciendo un gran esfuerzo en inversión en capital físico, en capital humano y en capital tecnológico; mantener el gasto en servicios públicos básicos (sanidad, seguridad, justicia) y, sobre todo, mantener el gasto dedicado a proteger a quienes padecen los peores efectos de la crisis. Que son las líneas maestras de la propuesta presupuestaria presentada por el gobierno socialista.
Por ello, considero que hay razones de peso para defender ante la sociedad española la necesidad de hacer entre todos un mayor esfuerzo fiscal, que atienda a los principios de equidad y de capacidad económica, y que responda al criterio de progresividad recogido en el artículo 31 de nuestra Constitución. Porque la subida moderada de los impuestos que propone el gobierno del PSOE nos permitirá afrontar con solidaridad el momento de extraordinaria dificultad económica que atravesamos; y, junto con el resto de medidas impulsadas por el Gobierno, coadyuvará a salir antes de la crisis y a volver a la senda del crecimiento económico y la creación de empleo.

Carlos González Serna
Secretario de Economía de la Comisión Ejecutiva
Provincial del PSPV-PSOE y Diputado por Alicante

El Plan E: un plan anticrisis

Afirmar que la economía mundial, la europea y por ende la española afrontan una de las crisis más complejas de cuantas se recuerdan, es expresar un planteamiento compartido por la generalidad de los ciudadanos, gobiernos e instituciones económicas.

Una crisis cuya intensidad y consecuencias sobre el sistema financiero y sobre la propia economía real eran difíciles de prever cuando se produjeron sus primeras manifestaciones en EE.UU, con las llamadas turbulencias financieras del verano del 2007, originadas por las hipotecas subrprime o hipotecas basura. Lo que aconteció en los meses posteriores está en la mente de todos: un auténtico terremoto financiero con epicentro en Wall Stret, al que sucedieron intensas sacudidas a uno y otro lado del Atlántico. España no ha sido ajena a los terribles efectos del seísmo y, en pocos meses hemos pasado de ser líderes en crecimiento del PIB y creación de empleo a experimentar un severo deterioro del mercado de trabajo.

Ante ese complejo e incierto panorama, el Gobierno de España no ha dejado de adoptar e impulsar iniciativas encaminadas a hacer frente al creciente deterioro económico. En total son más de 80 las medidas que componen el Plan Español de Estímulo a la Economía y al Empleo 2008-2010, el Plan E. como lo presentaba días atrás el propio Zapatero, y que persigue tres objetivos. Primero, facilitar liquidez a las entidades financieras para reactivar el mercado de crédito; segundo, impulsar la demanda para dinamizar la economía y reducir el desempleo; y tercero, reducir el coste de la crisis sobre los más vulnerables, que son las familias con especiales dificultades y, en el ámbito empresarial, las PYMES y los autónomos. Las medidas que integran el Plan E. se estructuran en torno a cuatro ejes.

El primero, ayudar a las familias y a las empresas. Durante 2008 se han puesto en sus manos más de 16.500 millones de euros, como consecuencia de la devolución del IRPF de 400 euros, de la reducción del Impuesto de Sociedades y de las ayudas por nuevo nacimiento. A lo que hay que añadir en 2009, la supresión del Impuesto de Patrimonio, que supone un ahorro fiscal de 1800 m.€ y la devolución mensual anticipada del IVA que ascenderá a 6000 m.€. Un conjunto de medidas de estímulo fiscal que en su conjunto sobrepasan los 23.000 m.€, más del 2 % del PIB, y que suponen un aumento de renta y de capacidad económica de familias y empresas. Así mismo, se ha regulado la moratoria del 50 % del pago de la carga hipotecaria durante dos años; el anticipo mensual en el cobro de la deducción por compra de vivienda que inyectará 2000 m.€ en las familias de menor renta que pueden acogerse. Además, a través del Instituto de Crédito Oficial –ICO-, el Gobierno movilizará este año 19.000 millones de euros para que las PYMES financien su capital circulante, dando respuesta a una necesidad acuciante.

El segundo eje supone una inversión pública de 11.000 millones de euros cuya finalidad fundamental es crear más de 300.000 empleos. Se generan dos fondos, el Fondo de Inversión Municipal, dotado con 8000 millones distribuidos entre todos los municipios españoles en atención a su población, del que a nuestra provincia le corresponden 323 millones de euros. Se trata de propiciar inversión directa desde el ámbito municipal en el sector de la obra pública, que tendrá una indudable repercusión económica en las ciudades generando actividad económica y creando empleo; pero que también provocará un notable impacto físico, ya que va a contribuir de forma notoria a la transformación y mejora de la fisonomía de los municipios. Y, el segundo fondo, de Apoyo a Sectores Estratégicos, conllevará 3000 millones de € para financiar la Ley de Dependencia, el sector del automóvil, la construcción de Comisarías y Cuarteles, rehabilitación de vivienda, medio ambiente, investigación, desarrollo e innovación, etc.

El tercero de los ejes está dirigido a apoyar el sistema financiero, según lo acordado por el Eurogrupo en el marco del Plan Europeo de Recuperación. Las medidas adoptadas han comprometido recursos por un total de 250.000 millones de euros. Se ha creado un Fondo de Adquisición de Activos Financieros de máxima calidad a los Bancos y Cajas españoles, al que se destinarán 50.000 millones €. Su finalidad es ofrecerles liquidez y reanimar de ese modo su actividad crediticia hacia empresas y familias. Se trata de una inversión con la máxima garantía que será recuperada íntegramente y que no tendrá ningún coste para los ciudadanos. Y con idéntica finalidad, se ha puesto en marcha el otorgamiento de avales del Estado a las operaciones de financiación de la Entidades Financieras, por valor de 100.000 millones para 2008 y otros 100.000 para 2009.

Y el cuarto de los ejes, conlleva la adopción de medidas de modernización de nuestra economía. El Gobierno quiere acometer un conjunto de reformas en cuatro sectores claves de nuestra economía: servicios, transporte, energía y telecomunicaciones, así como también en el Pacto de Toledo. Porque aunque la política económica española afronta el reto de reducir el impacto de la crisis sobre la actividad económica, es esencial seguir trabajando para lograr un modelo de crecimiento a largo plazo más equilibrado.

Es evidente que con el Plan E el Gobierno pretende minimizar los efectos de la crisis financiera sobre la economía real, comprometiendo para ello cuantiosos recursos públicos dirigidos a afrontar inversiones productivas, capaces de estimular la demanda y de crear empleo. Considero que el Gobierno de Zapatero está haciendo lo que corresponde y lo está haciendo bien. Sin embargo, ante semejante reto colectivo echo en falta la implicación y colaboración activa de la Generalitat Valenciana. No he observado ni una sola iniciativa política de su Presidente, Francisco Camps, que haya estado dirigida a favorecer la coordinación con el Gobierno de España para luchar contra la crisis. No se ha producido ni un solo gesto de Camps requiriendo a los Consellers, a los Presidentes de las Diputaciones y a los alcaldes del PP que se empleen a fondo en la lucha contra la crisis. No ha habido ni un solo movimiento político de Camps arrimando el hombro para que la Comunidad que más destrucción de empleo padece en la construcción, que sufre un mayor número de trabajadores afectados por ERES, que padece una mayor caída del Índice de Producción Industrial, y en definitiva, la Comunidad en la que más crece el paro, dedique sus presupuestos autonómicos y locales a complementar las medidas del Gobierno de España para luchar contra la crisis.

En síntesis y al margen de la lamentable pasividad de Camps y el PP, considero que el Plan E del Gobierno de España, constituye un auténtico Plan Anticrisis y, en suma, representa un esfuerzo extraordinario del que todos esperamos que pronto comience a producir sus frutos.

Carlos González
Secretario de Economía de la Comisión Ejecutiva
Provincial del PSPV-PSOE y Diputado por Alicante

González: "la erradicación total de la violencia de género exige intensificar la educación en valores democráticos"

El socialista se felicita por el fin de la “maniobra antidemocrática” del Partido Popular que ha supuesto el bloqueo de la designación de Leire Pajín como senadora

El diputado socialista Carlos González, ha expresado su “plena y absoluta adhesión” a los planteamientos de la convocatoria de la concentración en el Día Contra la Violencia de Género que realizan el Consell Municipal de la Dona y la Asociación de Mujeres Vecinales, a la vez que expresaba su “consternación” por el hecho de que los casos de maltrato hayan aumentado en las franjas de edad inferior a 30 años.
González, que no podrá estar presente en la Concentración que se llevará a cabo estar tarde en la Plaza de Baix por asistir a la sesión del Pleno del Congreso de los Diputados, ha manifestado que “tras casi cinco años de vigencia cabe asegurar que la Ley es una herramienta muy eficaz en la lucha contra la violencia de género, aunque todavía queda mucho camino por recorrer hasta alcanzar la violencia cero”.
En ese sentido, el diputado expresaba su convicción de que la “acabar con esta lacra requiere seguir trabajando con determinación y firmeza en el ámbito de las medidas de protección y de seguridad de las víctimas” pero advertía que a su juicio “la erradicación total de la violencia de género exige intensificar la educación en valores democráticos tanto en el aula como en la propia familia”.
En directa relación con ello, señalaba que “es necesario poner todo el empeño y toda la energía para conseguir el compromiso activo y la implicación de padres, madres y profesorado, para desde la educación, favorecer el cambio de valores en nuestros y nuestras jóvenes”; a lo que añadía que “el reto es que el mensaje que demos a nuestros hijos e hijas es el de la mujer como sujeto de los derechos fundamentales a la libertad, a la igualdad y a la integridad”.
Así mismo, el diputado del PSOE recalcaba la necesidad de que “todas las administraciones públicas mantengan el esfuerzo político y económico en aras a la sensibilización social contra la violencia
González ha resaltado también “la valiosa tarea que desarrollan desde distintos ámbitos multitud de profesionales entregados a la causa de erradicar tanto dolor y tanto sufrimiento y que luchan cada día por acabar con la terrible injusticia y por devolver la libertad y la dignidad a las mujeres víctimas de la violencia de género”.
Además el parlamentario ha destacado “el trabajo serio, riguroso y constante que realiza el Ayuntamiento de Elche en el ámbito de la prevención de los malos tratos y la sensibilización social, asi como, por los medios de protección puestos al servicio de las ilicitanas víctimas de violencia de género”; asi mismo, González ha resaltado también “la gran tarea desarrollada por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Municipal e nuestra ciudad”.

SATISFACCION POR EL FIN DEL BLOQUEO DEL PP A LA DESIGNACION DE UN SENADOR SOCIALISTA. En otro orden de cosas, el diputado del PSOE ha expresado su satisfacción por la convocatoria hoy del Pleno de las Cortes Valencianas en el que se designará el senador socialista por la Comunidad Valenciana, que el PP “ha retrasado y bloqueado intencionadamente durante más de seis meses”.
González ha asegurado que el “el PP ha mantenido un comportamiento profundamente antidemocrático, que no sólo constituye una falta de respeto al PSOE, sino que ha sido una vulneración de las reglas del juego y un desprecio a los valencianos”.
Finalmente el diputado socialista ha felicitado a Leire Pajín y ha expresado su convicción de que será “una magnífica representante de los valencianos y valencianas en la Cámara Alta”

El Grupo Parlamentario Socialista lamenta la muerte de dos militares españoles en Bosnia

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados lamenta profundamente el fallecimiento en accidente de helicóptero en Bosnia del sargento Joaquín López Moreno y del teniente Santiago Hormigos.
Los parlamentarios socialistas desean hacer llegar su más sentido pésame a los familiares de los dos soldados fallecidos, así como a todos los miembros de las Fuerzas Armadas.
El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados quiere hacer un especial reconocimiento del trabajo que desarrollan las Fuerzas Armadas en todas las misiones internacionales en las que participan. Este trabajo, que realizan con una entrega y dedicación encomiable, es extraordinariamente valioso para la seguridad y estabilidad en el mundo.
Madrid, 19 de junio de 2008

2500 euros a los nuevos nacimientos: más apoyo a las familias

El pasado 3 de julio en el transcurso del debate del Estado de la Nación, el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, adquirió un compromiso de extraordinaria importancia para las familias españolas, al anunciar la concesión de una prestación económica de 2500 euros “por cada nuevo hijo que nazca en nuestro país”.

Una decisión que, a mi juicio, cabe calificar como novedosa, acertada y adecuada, ya que contribuye a ampliar la política de protección y apoyo a la familia que está impulsando el gobierno socialista; y que supone la creación de un nuevo derecho subjetivo y universal, del que se beneficiarán todas las familias españolas que hayan tenido o adoptado un hijo desde las cero horas del pasado 3 de julio.

Su finalidad inmediata es compensar, lógicamente de forma parcial, los mayores gastos que ocasiona el recién nacido en la primera etapa de su vida. Y con ella, España se sitúa a la cabeza en ayudas directas por nacimiento de hijo en el ámbito de la Unión Europea, ya que se trata de la cantidad más elevada de todos los países europeos (Finlandia, 140 e; Reino Unido, 742; Francia, 855; Bélgica, 1064; Italia, 1443; y Luxemburgo, 1704 euros) .

La memoria económica de la Ley, ahora en plena tramitación parlamentaria, estima un presupuesto aproximado de 1.250 millones de euros y beneficiaría a un colectivo en estos momentos, de entorno al medio millón de niños y niñas nacidos en España. Lo que contemplado desde la perspectiva de una provincia como la nuestra, estimando que podría haber más de 19.000 nacimientos en 2007 (fueron 18.834 en 2006 y 18.129 en 2005), supondría más de 48 millones de euros anuales en términos de gasto; esto es, una inyección de alrededor de 200 millones de euros durante los próximos cuatro años, en política de familia para el conjunto de los municipios alicantinos.

La medida trata de mejorar las condiciones de las familias en las que se producen nuevos nacimientos o adopciones y de ese modo, en combinación con otras ya aprobadas, incidir minorando la tendencia al envejecimiento de la población española, en el medio y largo plazo. Píensese en la considerable reducción de la tasa de natalidad y de fecundidad que se ha experimentado en España en los últimos 30 años, que nos ha situado en los niveles más bajos del mundo. Concretamente en 1976, el promedio de hijos por mujer en España era de 2,08 y la tasa de natalidad de 18,76. En 1998, ambos indicadores se situaron cayeron uno hasta los 1,16 hijos por mujer y el otro hasta los 9,19 descendientes por cada 1000 habitantes. El pasado año los datos fueron 1,3 y 10,92, respectivamente, un repunte derivado de los nacimientos de madre extranjera, pero aún sustancialmente inferior a la media de la UE-15, en torno a los 1,52 hijos por mujer.

El cobro se podrá percibir a partir de dos situaciones posibles. La primera, cuando el beneficiario se encuentre trabajando y cotice a la Seguridad Social, tendrá derecho a una deducción en el IRPF de 2.500 euros. La segunda vía afectará a aquellos beneficiarios que no tengan trabajo, que recibirán una prestación no contributiva de la Seguridad Social de 2.500 euros. En todo caso, en los dos supuestos podrán recibir los 2.500 euros en un pago único al tiempo de la solicitud y por supuesto de forma rápida y efectiva, como expresó días atrás en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, Jesús Caldera, ministro encargado de impulsar la tramitación del proyecto de Ley.

Conviene, así mismo, poner de manifiesto que la nueva ayuda será compatible con otras. Es decir, la prestación se suma a cualquier otra que se perciba; lo que incluye desde luego la actual deducción por maternidad de 100 euros anuales a las madres trabajadores empleadas por cuenta ajena y que tengan hijos menores de tres años.

Los 2500 euros por nacimiento, lejos de ser una medida aislada vienen a complementar el conjunto de instrumentos de diversa naturaleza que a largo de la presente legislatura ha ido aprobando el Gobierno de España, para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas. Entre ellos convendría destacar, por ejemplo, normas de marcado carácter social como la Ley de Atención a la Dependencia y la Ley de Igualdad. Así como, también, la propia Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la cual contempla incrementos sustanciales en los importes de los mínimos exentos por descendientes: Así en el IRPF de 2007 respecto al de 2004, la desgravación por el primer hijo se incrementa un 28,57 %, pasando de 1400 a 1800 euros; la correspondiente al segundo pasa de 1500 euros a 2000, un aumento de más del 33%; el tercer hijo –familia numerosa- en el nuevo IRPF pasa de una desgravación de 2200 euros a 3600, un 63,64% y el cuarto, crece un 78,66% pasando de 2300 euros a 4100.

Junto a ello, otras medidas importantes como la reducción del periodo de cotización exigido para acceder a la prestación de maternidad, adecuando el mismo a la edad de la madre; la creación de un nuevo subsidio no contributivo por maternidad para las trabajadoras que no acrediten el periodo de cotización exigible; el aumento del permiso de paternidad a quince días; la bonificación del 45 por ciento de las cuotas del régimen de empleados de hogar en la contratación de cuidadores al servicio de familias numerosas; las nuevas posibilidades de flexibilidad horaria, tanto en reducción de jornadas como en excedencias; contribuyen, todas ellas, a afianzar el carácter integral de la política de apoyo a la familia que impulsa el gobierno socialista.

En definitiva, el proyecto de ley de prestaciones de pago único por razón de nacimiento o adopción de hijo, que deriva de la propuesta de Zapatero, representa para España un avance más en materia de política social y supone, ante todo, más apoyo a las familias.

Carlos González
Diputado por Alicante
Grupo Parlamentario Socialista

El PSPV insta a Camps a que "asuma su compromiso y ejecute las obras del post-trasvase Júcar-Vinalopó"

El portavoz del Consell Territorial del PSPV-PSOE en Alicante y diputado en el Congreso, Carlos González, calificó hoy de noticia “extraordinariamente positiva” para la provincia la aprobación definitiva de 120 millones de euros de la Comisión Europea para financiar el trasvase Júcar-Vinalopó y pidió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que “asuma su compromiso y ejecute las obras del post-trasvase”.

González aseguró que esta decisión “supone el aval expreso e indiscutible de la Unión Europea a un proyecto que es fundamental para los intereses de la comarcas alicantinas”. Es más, dijo, Alicante “tendrá el agua garantizada, ya que, podrá recibir todos los años 80 hectómetros cúbicos de agua de buena calidad para el regadío de todo tipo de cultivos”.

Del mismo modo, el parlamentario socialista consideró que el aumento de la subvención de la Unión Europea en más de un 50 por ciento, pasando de 80 a 120 millones de euros, “es la confirmación de que este nuevo trazado es mucho mejor que el anterior”. Por todo ello, Carlos González exigió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que “deje de ser un obstáculo para que el agua pueda llegar a Alicante con el trasvase Júcar-Vinalopó” y, para ello, le instó a que “asuma su compromiso de financiar y ejecutar las obras del post-trasvase, ya que, ahora no tiene excusa posible y debe cambiar su posición”.

El responsable socialista afirmó que la decisión de la Comisión Europea “ha disipado todas las dudas” y, por eso, entiende que es “el momento de poner punto y final al enfrentamiento y que todos comencemos a trabajar unidos a favor de un trasvase tan beneficioso para la provincia”.

Asimismo, González pidió a los usuarios que “se sumen al proyecto y contribuyan a que siga avanzando para que el agua llegue al Vinalopó cuanto antes”.

Además, insistió en que la Generalitat debe “dejar de obstaculizar constantemente y convertirse en un apoyo decisivo para este proyecto”. De hecho, el parlamentario socialista aseguró que “nadie podrá entender que Camps no cambie su postura y la Generalitat siga con una oposición sistemática ante un proyecto que se ha demostrado que tiene el máximo apoyo político no sólo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sino también de la propia Unión Europea”.

La Comunidad, más segura.

La llegada del PSOE al Gobierno de la Nación hace poco más de dos años, ha supuesto un positivo y profundo cambio en la política de seguridad ciudadana en España y, también, en la Comunidad Valenciana, a pesar de los ímprobos esfuerzos del Presidente del Gobierno Valenciano, Francisco Camps y del Partido Popular para tergiversar esa realidad.

Analizando la política de seguridad del Gobierno presidido por José M. Aznar entre 1996 y 2004 cabe extraer tres conclusiones tan inequívocas como irrefutables. Una, la intensa reducción del gasto del Estado en seguridad ciudadana; dos, la cuantiosa merma de las plantillas de Policía y Guardia Civil; y tres, el alarmante incremento de la inseguridad ciudadana.

Los datos respaldan tales afirmaciones. El PP redujo el esfuerzo presupuestario público en seguridad ciudadana del 0,63 % del PIB en 1996, al 0,49 % del PIB en 2004 esto es, una caída, prácticamente, del 20%. Un drástico recorte presupuestario, que trajo consigo una disminución continuada del número de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. En la Comunidad ello supuso que las plantillas de las Comisarías y Cuarteles vieran mermados en más de un 15% sus efectivos.

En ese mismo periodo, los delitos crecieron de forma muy intensa y notable; nuestra Comunidad vio como se pasaba de un total de 122.458 delitos en 1996 a más de 159.500 en 2003, un incremento superior al 30%. A final de 2002 se alcanzaron valores máximos en la tasa de criminalidad, con 77 infracciones penales por cada mil habitantes; precisamente cuando el Sr. Camps era Delegado del Gobierno y el Sr. Rajoy, Ministro del Interior.

Entre tanto, conviene saber que las cifras de negocio de las empresas dedicadas a la seguridad privada crecían en España a un ritmo extraordinario. En concreto, bajo los gobiernos del PP el sector experimentó un crecimiento inusitado, el 76%, es decir, de los 1.655 millones de euros facturados en 1999 se pasó a los cerca de 3.000 millones de euros en 2004. Con lo que, a la vista de tan elocuentes datos bien podríamos llegar a la conclusión de que la afirmación “quien quiera seguridad que se la pague”, no fue un simple desliz verbal del Delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Sr. Ansuategui, sino la expresión simple y llana del modo de entender el Partido Popular la seguridad.

Un axioma, en definitiva, que evidencia que la derecha considera la seguridad de los ciudadanos como un bien de naturaleza privada, cuya demanda debe ser satisfecha individualmente con arreglo a la mayor o menor capacidad económica de cada cual.

Frente a ese ostensible desinterés por la seguridad ciudadana mostrado por el partido del Sr. Rajoy, el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero ha situado la seguridad de los españoles como un objetivo estratégico y prioritario en su acción política. Prueba de ello es que en estos dos años, el gasto en seguridad pública ha crecido con fuerza, pasando del 0,49 % heredado al 0,58 % del PIB. Y las Ofertas de Empleo Público de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado correspondientes a 2005 y 2006 han crecido también considerablemente, creándose 1.9311 nuevas plazas para el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.

Ello ha permitido aumentar las plantillas en toda España, a finales de 2005, hasta un total de 120.088 policías y guardia civiles, muy por encima del nivel alcanzado en 2002 con sólo 111.863 efectivos. Lo que ha tenido una repercusión claramente positiva en la Comunidad Valenciana, ya que en estos dos años de gobierno del PSOE se han incorporado en total, más de 1.000 efectivos al cuerpo de la Guardia Civil y 1.100 al Cuerpo Nacional de Policía; siendo en términos absolutos y relativos, la segunda Comunidad Autónoma, tras Madrid, que más efectivos ha recibido en este periodo.

Así mismo, ha sido preciso impulsar la creación de efectivos policiales altamente especializados, encargados de perseguir al crimen organizado. Los Grupos de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (GRECO), en la Policía Nacional y los Equipos contra el Crimen Organizado (ECO), en la Guardia Civil, responden precisamente a esa necesidad de lucha especializada contra las nuevas manifestaciones de criminalidad más peligrosas y violentas que penetraron en nuestro país años atrás y que tanta sensación de inseguridad vienen creando. Concretamente, en diciembre de 2005 el Ministro del Interior inauguró el GRECO-Comunidad Valenciana con dos subsedes, una en Benidorm y otra en Orihuela, al tiempo que creaba también un ECO en Alicante. Unidades éstas, compuestas por especialistas en investigación, captación de información, análisis criminal, vigilancias, seguimientos y empleo de medios y sistemas técnicos especiales de la función policial; además, han sido dotadas de avanzados medios materiales, como vehículos de gran cilindrada, material informático de última generación, equipos de vigilancia de alta tecnología y equipos digilitalizados de comunicación.

Los resultados del cambio de rumbo no se han hecho esperar en nuestra Comunidad. Los delitos han experimentado una caída cercana al 4% en el conjunto de las tres provincias con respecto al último año de gobierno del Sr. Aznar. Unos datos que adquieren mayor relevancia al ser analizados desde una perspectiva cualitativa. Así, por ejemplo, los homicidios y asesinatos – que son los delitos más graves y que más alarma social crean- han experimentado una muy apreciable reducción del 17%, cayendo de los 206 cometidos en 2002 a los 171 en 2005. En términos relativos, la tasa de criminalidad se ha visto reducida desde las 77 infracciones penales por cada mil habitantes en ese año a las 66,9 de 2005.

Es preciso además reseñar un dato más relativo, en este caso, a los buenos resultados que desde la perspectiva global se han registrado en la lucha contra la criminalidad organizada. Junto a la exitosa y reciente operación policial en la que ha sido detenida una peligrosa banda dedicada al asalto de chalets con gran violencia, que actuaba en la Comunidad, cabría señalar que el trabajo realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha dado muy buenos resultados en 2005, al permitir que hayan sido desmantelados en nuestro país un total de 290 grupos del crimen organizado con 3.925 detenciones. Y, en el periodo comprendido entre enero y mayo de 2006 ya son 278 las actuaciones con 1.207 detenidos. Por precisar más, los delitos de robo con violencia o intimidación cometidos en domicilios, han disminuido en los cinco primeros meses del año un 13,25%.

Resulta evidente que el actual Gobierno considera la seguridad como una condición necesaria para el desarrollo y el ejercicio en libertad de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas; un derecho humano fundamental, garantía de la libertad, cuya producción es un deber prioritario, esencial e indelegable del Estado. En definitiva, el gobierno socialista considera la seguridad como un bien de naturaleza pública cuya producción corresponde al Estado y cuya provisión a los ciudadanos ha de ser independiente de cualquier consideración sobre la renta de estos.

En síntesis, la seguridad es una prioridad política fundamental para el Gobierno que preside Zapatero. Lo que ha supuesto que hayamos pasado de menos recursos, menos plantillas y más delitos con el PP, a más gasto público en seguridad, más agentes, más especialización policial, más medios, más eficacia policial y, por ende, menos delitos con el PSOE. Y todo ello está teniendo como resultado que la Comunidad Valenciana sea hoy más segura.

Reforma laboral: empleo de calidad

Artículo de opinión valorando la importancia y la repercusión de la aprobación del Real Decreto Ley 5/2006 de 9 de junio para la mejora del crecimiento y del empleo, más conocido como el acuerdo para la Reforma Laboral alcanzado entre Sindicatos, Patronal y Gobierno.

El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma laboral acordada entre los sindicatos, la patronal y el Gobierno, culminando así la expresión de un consenso que adquiere carácter histórico, dado que es el primero que se logra sobre mercado de trabajo en los últimos veinticinco años.

Se trata, sin duda alguna, de un hecho de extraordinaria importancia para el conjunto del país, por su incidencia no sólo sobre los trabajadores, sino también sobre las propias empresas. No en vano, en un momento de indiscutible solidez en nuestra economía, con un intenso y sostenido crecimiento económico y del empleo, la falta de estabilidad laboral es una de las principales preocupaciones sentidas por la sociedad española y, a la vez, un factor de merma de la productividad de las empresas. Porque aumentar la productividad requiere, junto a otras medidas, aumentar el compromiso y la implicación de los trabajadores en el proyecto empresarial y, para ello, reducir la temporalidad y aumentar la calidad del empleo, constituyen factores determinantes.

El eje central de la negociación, iniciada en julio de 2004, giraba precisamente en torno a la reducción de la temporalidad, considerada la auténtica lacra del mercado laboral español, sin que ello supusiera merma de la flexibilidad necesaria para la adaptación de nuestras empresas a las nuevas condiciones de la economía global. El contenido del acuerdo alcanzado y de las medidas ya aprobadas camina en esa dirección, y permitirá reducir progresivamente las tasas de temporalidad, aumentando el empleo estable y sin pérdida alguna de los derechos de los trabajadores. En suma, se puede asegurar que la reforma aprobada promueve el crecimiento del empleo y la reducción del paro, impulsa la contratación indefinida, incentiva los contratos fijos frente a los temporales, estimula el empleo estable de los jóvenes y de las mujeres y limita la contratación temporal, al tiempo que mejora la protección social de los trabajadores en situación de desempleo y refuerza la Inspección de Trabajo.
La reforma construye un delicado equilibrio entre flexibilidad y seguridad: no reduce ni un ápice la flexibilidad del mercado de trabajo, y no introduce ni un solo recorte de derechos ni retroceso social. En palabras del propio Ministro de Trabajo, Jesús Caldera, “promueve la estabilidad sin recortar derechos laborales, y limita la temporalidad sin reducir la flexibilidad”. Para ello, en esencia, utiliza dos mecanismos de forma combinada; por una parte, aumenta los costes relativos de la contratación temporal y reduce los de la indefinida, y por otra, establece un límite infranqueable a la utilización prolongada de la contratación temporal en las empresas
¿De que herramientas se vale el Real Decreto Ley para abrir la brecha de costes entre la contratación estable y la temporal? Básicamente de tres. La primera, la creación de un nuevo sistema de estímulos a la estabilidad del empleo, mucho más vigoroso que el anterior. El sistema de estímulos impulsado implica que sólo se va a incentivar la contratación indefinida inicial y no la conversión de contratos temporales, con el fin de evitar que se estimule a que las empresas hagan primero contratos temporales y luego perciban ayudas por convertirlos en fijos; y para contrapesar la supresión de las bonificaciones a los contratos fijos que provienen de temporales, se pone en marcha un Plan Extraordinario de Ayudas para que sólo los actuales temporales se conviertan en fijos, que durará improrrogablemente seis meses. La segunda, la apertura de más campo al fomento de la contratación indefinida, porque de nuevo los contratos temporales se podrán convertir en los contratos indefinidos de fomento creados en 1997, conocidos como de 33 días; Y, la tercera, la reducción de las cotizaciones sociales a la contratación indefinida, que por una parte añade a los estímulos citados antes otro elemento de abaratamiento, pero por otra, encarece en términos relativos la utilización de los contratos temporales.
¿Qué recurso impulsa la nueva norma para limitar el llamado encadenamiento sucesivo de contratos?. Reducir la precariedad requería, forzosamente, establecer una limitación absoluta y automática a esa utilización prolongada de la contratación temporal. La medida actuará convirtiendo al trabajador en indefinido de forma automática. Es decir, no se trata de una presunción contra la cual el empresario pueda presentar una prueba de que el contrato es temporal. No. Ni tampoco el trabajador habrá de acudir a los tribunales, ni formular reclamación alguna. Simplemente si se cumplen las condiciones desde ahora legalmente establecidas (que se haya ocupado el mismo puesto de trabajo durante 24 meses en un periodo de 30 con más de un contrato) el trabajador será fijo.
Es por tanto evidente que esta reforma laboral apuesta claramente por la calidad del empleo. No reduce los derechos laborales, prima la contratación indefinida frente a la temporal, establece límites para evitar la prolongación injustificada de situaciones de temporalidad, y a todo ello añade dos cuestiones más: una mejora de la protección de los trabajadores ante el desempleo, con medidas que completan y perfeccionan la cobertura de las prestaciones, y una mejora de la protección que reciben los trabajadores de las pymes a través del FOGASA en los casos de insolvencia empresarial y despido, para los que se aumentan tanto las cuantías como los supuestos a proteger.
Pero, además, es preciso subrayarlo, esta apuesta por la calidad del empleo no se hace contra las empresas sino a favor de las empresas. Porque se hace sin merma de la flexibilidad, porque se hace a través de la reducción de los costes laborales hasta situar el coste laboral de la estabilidad por debajo del coste de la temporalidad, porque se alivian los costes laborales totales de las empresas –entre un 3% y un 4% -, con especial énfasis en aquellas que han optado por mayor proporción de empleo fijo, y porque se facilitan nuevas vías para acabar con la temporalidad innecesaria y poder transformarla en contratos indefinidos.
Vista desde una perspectiva cuantitativa la aplicación del Real Decreto Ley 5/2006 de 9 de junio, según los cálculos del Ministerio de Trabajo, posibilitará que alrededor de un millón quinientos mil trabajadores temporales pasen a tener un contrato indefinido en España; lo que llevado a la provincia de Alicante, puede suponer un impacto de unos sesenta mil contratos temporales devenidos a fijos en un horizonte temporal inferior a los dos años.
En definitiva, desde el PSOE consideramos que se trata de una reforma que constituye un auténtico ejemplo de armonización entre flexibilidad y seguridad, ahora llamada flexiseguridad; se trata de la reforma que necesitan hoy las empresas y los trabajadores españoles para resolver el problema de la precariedad sin recortar los derechos de estos ni la capacidad de actuación de aquellas. Y, por tanto, estamos ante la reforma que necesita el país y muy especialmente nuestra provincia para mejorar la calidad del empleo y la productividad.

González asegura que el aumento de efectivos de la Comisaría de Elche, es producto del "compromiso firme" de Zapatero con la seguridad ciudadana

El diputado socialista Carlos González ha afirmado hoy en su intervención en las Jornadas sobre Seguridad organizadas por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Elche que “la seguridad es un prioridad básica del gobierno socialista y que éste no escatima recursos para hacer de los pueblos y ciudades de España lugares cada día más seguros”. Añadiendo que “el intenso aumento de efectivos de la Comisaría de Elche es producto de ese compromiso firme de Zapatero con la seguridad ciudadana” González ha asegurado que “tras el fracaso de las políticas de seguridad del Partido Popular, el cambio de gobierno ha supuesto un profundo y muy positivo cambio en la política de seguridad ciudadana”. En relación con ello, el socialista señalaba que “Hemos pasado de menos recursos, menos plantillas y más delitos con el PP, a más gasto público en seguridad, más agentes, más especialización policial, más medios, más eficacia policial y, por ende, menos delitos con el PSOE”. Lo que, según él “está suponiendo que Elche y la provincia de Alicante en su conjunto esté avanzando y mejorando en seguridad ciudadana”. En relación con todo ello, el portavoz adjunto del PSOE en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha señalado que “durante los años de Gobierno de Aznar se produjo un drástico recorte presupuestario, reduciéndose el gasto público en seguridad ciudadana del 0,63 % del PIB en 1996, al 0,49 % del PIB en 2004 esto es, una caída, prácticamente, del 20 por ciento” . A lo que añadió que “el recorte trajo consigo una fuerte disminución del número de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil que llevó a que Comisarías importantes como la de Elche quedarán con 140 agentes, prácticamente, bajo mínimos”. González, sin embargo ha destacado que “En los dos primeros años de gobierno de Zapatero, el esfuerzo en seguridad pública ha crecido más de un 18 por cien, pasando del 0,49 % heredado al actual 0,58 % del PIB, como también lo han hecho las Ofertas de Empleo Público de las FCSE correspondientes a 2005 y 2006, en las que se han creado 19311 nuevas plazas para el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil”. Según indicaba “eso ha permitido un crecimiento de la plantilla de la Comisaría ilicitana superior al 40 por ciento, ya que hoy sobrepasa holgadamente los 200 agentes” Así mismo se ha referido también a “la puesta en marcha de unidades especializadas para la lucha contra el crimen organizado en nuestra provincia”. Así, a su juicio “contra la delincuencia de esas características hay que luchar con recursos y con medios altamente especializados, por ello se han puesto en marcha en nuestra provincia los GRECO (Grupo de Respuesta Especializada contra el Crimen Organizado) en la Policía Nacional y los ECO (Equipos contra el Crimen Organizado) en la Guardia Civil que están consiguiendo muy buenos resultados” Además el socialista, ha señalado que “la política de seguridad que impulsa Zapatero comienza ya a dar buenos resultados en toda España, también en la Comunidad Valenciana y en nuestra propia ciudad”. González indicaba para finalizar que “España tiene una tasa de criminalidad 20 puntos inferior a la media de la UE-15 y nuestra ciudad se encuentra dentro del nivel medio de nuestro país” por lo que, según aseveró “sin duda, Elche es una ciudad muy segura en la que se puede vivir con gran tranquilidad”.

Ley de Dependencia: Avanzando en justicia y solidaridad

La pasada semana comenzaba la tramitación en el Congreso de los Diputados, del proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Una importante iniciativa legislativa que constituye el cumplimiento de un compromiso político adquirido por el PSOE en la campaña electoral que precedió a las elecciones generales del 14 de marzo de 2004. Y una iniciativa legislativa que va a suponer un considerable avance en el modelo de Estado social que consagra la Constitución española, como consecuencia de la creación de un nuevo derecho para los ciudadanos; no en vano, ha sido calificada como el cuarto pilar del estado de bienestar, situándola al mismo nivel que las leyes aprobadas en los años 80 por los gobiernos de Felipe González y que convirtieron la sanidad, la educación y las pensiones también en derechos de todos. Su trascendencia social radica en la repercusión que va a tener sobre la sociedad española, particularmente, sobre la población dependiente y sus familias. Algunos datos estadísticos extraídos del Libro Blanco de la Dependencia, pueden servirnos para conocer la intensidad del impacto positivo que va a tener en el corto y medio plazo la ley para la población dependiente de nuestro país. Concretamente, en este momento las personas en situación de gran dependencia son casi 200.000, en dependencia severa 370.000, en dependencia moderada 560.000, lo que hace un total de 1.125.000 personas. Además, se estima que en 2015 el colectivo habrá experimentado un crecimiento cercano al 20 por cien, lo que elevará la cifra total hasta 1.400.000 personas aproximadamente. Hasta ahora la atención a las personas que por su situación de dependencia no pueden realizar por si mismas las actividades básicas de la vida diaria, ha sido una cuestión estrictamente privada que se ha venido afrontando desde el ámbito, casi exclusivamente, de la familia; si bien es cierto que, en algunos casos con el apoyo de algunas administraciones locales y/ o autonómicas especialmente sensibilizadas con tal género de situaciones, siendo el Ayuntamiento de Elche un buen ejemplo de tal implicación. Por otra parte, cabe resaltar que dentro de la familia la atención es prestada, concretamente, por las mujeres; por muchas hijas, madres o esposas que dedican un número muy importante de horas al día al cuidado del familiar dependiente. Ambas afirmaciones son corroboradas a la luz de los datos que maneja el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; así, en la actualidad muy pocas personas en situación de dependencia disponen de servicios como la ayuda a domicilio (3,14 %), tele asistencia (2,05 %) o plaza en centro de día o en una residencia (0,46%); lo que evidencia la insuficiente cobertura. Y además, a día de hoy el 83 por ciento de los cuidadores son mujeres, el 60 por ciento tienen un bajo nivel de estudios, el 73 por ciento no tiene actividad laboral retribuida alguna y la edad media del cuidador es de 53 años. La aprobación de la Ley supondrá, por tanto, la respuesta del Estado dirigida a promover la autonomía personal y a garantizar la atención y la protección de las personas en situación de dependencia; mediante la creación de un sistema público, el Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, que garantice la atención necesaria, estableciendo un conjunto prestaciones al que tienen derecho los ciudadanos según su grado de dependencia. No pudiéndose pasar por alto que el derecho a recibir la atención del Sistema, se concreta en el artículo 4 del futuro texto legal como un derecho perfecto y subjetivo de carácter universal, susceptible de ser exigido administrativa y judicialmente y por tanto, garantizado a los titulares potenciales. El proyecto de ley contempla tres tipos de prestaciones. El primer tipo son los servicios, según un catálogo que incluye la tele asistencia, la ayuda a domicilio, los centros de día y de noche y los centros residenciales. El segundo tipo es la prestación económica vinculada al servicio, que se facilitará cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención a la dependencia, y cuya cuantía se determinará en función del grado de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario. El tercero será la ayuda económica para cuidados en el entorno familiar, siempre que se den las condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda. En relación con ello, considero necesario destacar que habrá una prioridad de los servicios frente a las prestaciones económicas. Esta preferencia por la prestación de los servicios es la fórmula más coherente con la manera de entender los derechos sociales como derechos de prestación por parte de las administraciones públicas. No obstante, parece lógico que durante los primeros años, que serán de implantación gradual del sistema y en los que se deben crear las infraestructuras suficientes, sea probable que sean más frecuentes las prestaciones y ayudas económicas que los servicios. Pero con el transcurso del tiempo y una vez creadas las infraestructuras necesarias, el sistema debe garantizar que la relación se invierta y que las ayudas económicas pasen a ser una excepción siendo la norma general, la prestación de servicios. Por otra parte, es preciso contemplar los efectos de la futura ley también desde la óptica económica; según informó a la Cámara el propio Ministro de Trabajo, Jesús Caldera, el coste total del sistema en 2015 será de 9.355 millones de euros - casi un billón setecientos mil millones de pesetas-, lo que va a suponer un esfuerzo financiero muy importante. De 2007 a 2015, el periodo calculado para implantar de forma gradual el sistema, la Administración General del Estado aportará casi 13.000 millones de euros y las comunidades autónomas una cantidad similar. Ello significa, en términos de Producto Interior Bruto, pasar del 0,33% del PIB que se dedica en la actualidad a la dependencia a más del 1% en 2015. Además, los beneficiarios deben participar en la financiación del sistema en función de su capacidad económica, porque ello es absolutamente necesario para su sostenibilidad; si bien, esa participación en la financiación del sistema no superará de media, el 30 por ciento del coste del servicio. No obstante, ninguna persona quedará sin protección por ausencia de recursos, ya que en ese caso la ley contempla que la prestación necesaria será financiada íntegramente por el sistema. Se estima además que la puesta en marcha del Sistema Nacional de Atención a la Dependencia tenga efectos también beneficiosos para la actividad económica de nuestro país. Según diversos estudios, se calcula que se crearán 300.000 puestos de trabajo directos a los que habrá que sumar un número adicional de puestos de trabajo indirectos, también considerables. El PIB de nuestra economía será en el año 2010 un 1,56 por ciento mayor que si no se hubiera implantado el sistema y el retorno fiscal global por impuestos generales y cotizaciones será importante, pudiendo llegar a cubrir, según las estimaciones antes referidas hasta las dos terceras partes del gasto asociado al despliegue del mismo. Por último desde la óptica política, los socialistas estamos convencidos de que la sociedad, a través de los poderes públicos, tiene la obligación ética de realizar ese esfuerzo colectivo para mejorar las condiciones de vida de quienes sufren las enormes dificultades derivadas de la situación de dependencia. A esa convicción responde la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Una iniciativa legal que supone la ampliación de la política social, que construye un nuevo derecho de ciudadanía y que a su vez permite un gran avance en la protección social de los ciudadanos. Una norma que, al asumir el reto de dar respuesta a los problemas de los miembros más débiles y vulnerables de la sociedad, nos hace avanzar en justicia y solidaridad. Una ley de la que, sin duda, todos los españoles podremos sentirnos orgullosos. Carlos González http://carlosgonzalez.es Diputado por Alicante y Portavoz del Consell Territorial del PSPV-PSOE

El PSOE asegura que los ciudadanos son los "auténticos paganos" de la "guerra sin cuartel" que libran Camps y Zaplana en la provincia

El portavoz del Consell Territorial del PSPV-PSOE, Carlos González, se ha referido hoy la destitución de los cuatro concejales zaplanistas del PP en Novelda, enmarcándola en la “guerra sin cuartel que libran Camps y Zaplana en la provincia” y señalando que “los auténticos paganos de la crisis y la división del PP no son otros que los propios ciudadanos y en este caso los vecinos y vecinas de Novelda, que son quienes sufren las consecuencias de los enfrentamientos”.

El también diputado se refería a la cuestión indicando que “al destituir a los zaplanistas, el alcalde de Novelda está utilizando el propio ayuntamiento y sus resortes para ajustar cuentas con quienes son sus enemigos dentro de su propio partido”.

A lo que ha añadido que “indudablemente, eso supone supeditar los intereses del ayuntamiento y de los propios ciudadanos a lo que le conviene a un sector del Partido Popular, lo que sin duda no puede ser bueno para Novelda”.

En ese sentido, González ha puesto de relieve que “el estallido de una nueva crisis del PP en Novelda, no se trata de un caso aislado o infrecuente si no de un brote más, en un contexto de fuerte división interna”, así se refería también a “los episodios de Orihuela, Alicante, Elche, Benidorm o sin ir más lejos en la propia Diputación, que sobresaltan a la opinión pública con demasiada frecuencia”. “Y, por tanto, Novelda supone –continuó afirmando- un ejemplo más de la descomposición que padece el Partido Popular en la provincia de Alicante”.

En relación con ello, el diputado nacional del PSOE ha asegurado que “cada día se hace más evidente que en el PP alicantino conviven dos formaciones políticas distintas, diferenciadas y, por lo que se ve, irreconciliables; una, la que dirige Zaplana a través de Ripoll y De España y otra la que encabeza Camps y cuyas cabezas visibles son los alcaldes bajo sospecha, Alperi, Hernández Mateo y Medina”.

A lo que añadía que “lamentablemente, unos y otros están totalmente entregados a las luchas internas, olvidándose de los intereses generales y de las necesidades de las instituciones en las que están presentes, lo que supone un grave perjuicio para el interés general y para las necesidades y expectativas de los ciudadanos, sobre todo allí donde todavía gobiernan”

*RELACION DE GRUPOS MUNICIPALES DEL PARTIDO POPULAR, AFECTADOS POR LA DIVISION INTERNA: Xàbia, Alicante, Elda, Villena, Elche, Orihuela, Dénia y Benidorm.

INTERES COMPARTIDO CON CIERVAL. En otro orden de cosas, el diputado del PSOE se ha referido también a las declaraciones de la patronal autonómica CIERVAL relativas a la seguridad ciudadana, señalando que “desde el PSOE compartimos plenamente ese interés de CIERVAL por la mejora de la seguridad en la Comunidad”, a lo que añadió que “la seguridad es una de las materias prioritarias para el Gobierno que preside Zapatero y la Comunidad Valenciana es también un territorio prioritario en el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio del Interior para avanzar en la mejora de la seguridad”.

En ese sentido, el portavoz adjunto del PSOE en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados no ha dudado en asegurar que “el Gobierno de España está literalmente volcado en el objetivo de mejorar la seguridad en la Comunidad Valenciana y eso lo demuestran las cifras de incorporaciones de policía y guardia civil a las tres provincias”.

CAMBIO DE TENDENCIA En relación con ello el diputado recordaba que “ya han pasado los años en los que el anterior Gobierno reducía el gasto público en seguridad y desmantelaba las Comisarías y los Cuarteles de la Guardia Civil, en toda España y en particular en nuestra Comunidad”

Así, González ha señalado que “en estos dos años de gobierno de Zapatero se ha invertido la tendencia, lo que se traduce en que el presupuesto del Estado destinado a seguridad crece con fuerza y las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad están aumentando notablemente”.

El diputado concretaba su afirmación afirmando que “en 2006 el presupuesto del Ministerio de Interior ha crecido un 10,2 % y en términos de producto interior bruto, se ha pasado del 0,49 de 2003 al 0,58 de 2006, un aumento del 18 por ciento del gasto público destinado por el Estado a la seguridad de los ciudadanos”.

“Ese aumento de los recursos –continuó afirmando- ha permitido más de 1200 incorporaciones a las plantillas de Policía y Guardia Civil en la Comunidad, algo que no pasó en los último ocho ejercicios, y permitirá que en los años venideros puedan continuar creciendo las plantillas, producto de las 19311 plazas creadas en las dos ofertas de empleo correspondientes a 2005 y 2006”

El portavoz socialista también se ha referido “a la creación de instrumentos específicos en la Policía y en la Guardia Civil, para la lucha contra la criminalidad organizada”, citando expresamente a “los Grupos de Respuesta Especializada al Crimen Organizado –GRECO- en el Cuerpo Nacional de Policía y a los Equipos contra el Crimen Organizado –ECO- en la Guardia Civil, que operan en la Comunidad” y que según él “están dando muy buenos resultados”.

González ha finalizado pidiendo a CIERVAL que “siga teniendo confianza ya que el cambio de gobierno se ha traducido en un cambio muy positivo en la política de seguridad” y según él “eso se tiene que notar y tendrá como consecuencia más seguridad en la Comunidad”

El portavoz del Consell Territorial del PSPV-PSOE, Carlos González, se ha referido hoy la destitución de los cuatro concejales zaplanistas del PP en Novelda, enmarcándola en la “guerra sin cuartel que libran Camps y Zaplana en la provincia” y señalando que “los auténticos paganos de la crisis y la división del PP no son otros que los propios ciudadanos y en este caso los vecinos y vecinas de Novelda, que son quienes sufren las consecuencias de los enfrentamientos”.

El también diputado se refería a la cuestión indicando que “al destituir a los zaplanistas, el alcalde de Novelda está utilizando el propio ayuntamiento y sus resortes para ajustar cuentas con quienes son sus enemigos dentro de su propio partido”.

A lo que ha añadido que “indudablemente, eso supone supeditar los intereses del ayuntamiento y de los propios ciudadanos a lo que le conviene a un sector del Partido Popular, lo que sin duda no puede ser bueno para Novelda”.

En ese sentido, González ha puesto de relieve que “el estallido de una nueva crisis del PP en Novelda, no se trata de un caso aislado o infrecuente si no de un brote más, en un contexto de fuerte división interna”, así se refería también a “los episodios de Orihuela, Alicante, Elche, Benidorm o sin ir más lejos en la propia Diputación, que sobresaltan a la opinión pública con demasiada frecuencia”. “Y, por tanto, Novelda supone –continuó afirmando- un ejemplo más de la descomposición que padece el Partido Popular en la provincia de Alicante”.

En relación con ello, el diputado nacional del PSOE ha asegurado que “cada día se hace más evidente que en el PP alicantino conviven dos formaciones políticas distintas, diferenciadas y, por lo que se ve, irreconciliables; una, la que dirige Zaplana a través de Ripoll y De España y otra la que encabeza Camps y cuyas cabezas visibles son los alcaldes bajo sospecha, Alperi, Hernández Mateo y Medina”.

A lo que añadía que “lamentablemente, unos y otros están totalmente entregados a las luchas internas, olvidándose de los intereses generales y de las necesidades de las instituciones en las que están presentes, lo que supone un grave perjuicio para el interés general y para las necesidades y expectativas de los ciudadanos, sobre todo allí donde todavía gobiernan”

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INTERES COMPARTIDO CON CIERVAL. En otro orden de cosas, el diputado del PSOE se ha referido también a las declaraciones de la patronal autonómica CIERVAL relativas a la seguridad ciudadana, señalando que “desde el PSOE compartimos plenamente ese interés de CIERVAL por la mejora de la seguridad en la Comunidad”, a lo que añadió que “la seguridad es una de las materias prioritarias para el Gobierno que preside Zapatero y la Comunidad Valenciana es también un territorio prioritario en el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio del Interior para avanzar en la mejora de la seguridad”.

En ese sentido, el portavoz adjunto del PSOE en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados no ha dudado en asegurar que “el Gobierno de España está literalmente volcado en el objetivo de mejorar la seguridad en la Comunidad Valenciana y eso lo demuestran las cifras de incorporaciones de policía y guardia civil a las tres provincias”.

CAMBIO DE TENDENCIA En relación con ello el diputado recordaba que “ya han pasado los años en los que el anterior Gobierno reducía el gasto público en seguridad y desmantelaba las Comisarías y los Cuarteles de la Guardia Civil, en toda España y en particular en nuestra Comunidad”

Así, González ha señalado que “en estos dos años de gobierno de Zapatero se ha invertido la tendencia, lo que se traduce en que el presupuesto del Estado destinado a seguridad crece con fuerza y las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad están aumentando notablemente”.

El diputado concretaba su afirmación afirmando que “en 2006 el presupuesto del Ministerio de Interior ha crecido un 10,2 % y en términos de producto interior bruto, se ha pasado del 0,49 de 2003 al 0,58 de 2006, un aumento del 18 por ciento del gasto público destinado por el Estado a la seguridad de los ciudadanos”.

“Ese aumento de los recursos –continuó afirmando- ha permitido más de 1200 incorporaciones a las plantillas de Policía y Guardia Civil en la Comunidad, algo que no pasó en los último ocho ejercicios, y permitirá que en los años venideros puedan continuar creciendo las plantillas, producto de las 19311 plazas creadas en las dos ofertas de empleo correspondientes a 2005 y 2006”

El portavoz socialista también se ha referido “a la creación de instrumentos específicos en la Policía y en la Guardia Civil, para la lucha contra la criminalidad organizada”, citando expresamente a “los Grupos de Respuesta Especializada al Crimen Organizado –GRECO- en el Cuerpo Nacional de Policía y a los Equipos contra el Crimen Organizado –ECO- en la Guardia Civil, que operan en la Comunidad” y que según él “están dando muy buenos resultados”.

González ha finalizado pidiendo a CIERVAL que “siga teniendo confianza ya que el cambio de gobierno se ha traducido en un cambio muy positivo en la política de seguridad” y según él “eso se tiene que notar y tendrá como consecuencia más seguridad en la Comunidad”


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El PSOE asegura que la Comunidad es más segura desde que gobierna Zapatero, porque ahora se invierte mucho más en seguridad

El portavoz del Consell Territorial del PSPV-PSOE, Carlos González, ha respondido al vicesecretario regional del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, que “la Comunidad es más segura desde que gobierna Zapatero, porque ahora se invierte mucho más en seguridad que cuando gobernaba el PP”.

Así mismo González replicaba a Costa afirmando que “la falta de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado en la Comunidad trae causa en los años de gobierno del PP, precisamente en el periodo en el que fueron Ministros del Interior Acebes y Rajoy”
En directa relación con lo cual, González ha señalado que “el desmantelamiento de las plantillas de la Policía y de la Guardia Civil y la merma que todavía padecen, se originó como consecuencia de la caída constante del gasto público en seguridad de los gobiernos del Partido Popular, entre 1996 y 2004”.
El también diputado nacional del PSOE, aseguraba que “entre 1996 y 2004 los recursos presupuestarios destinados a seguridad ciudadana cayeron más de un 20 por cien, pasando del 0,63 por cien del PIB cuando el PP llegó al gobierno en 1996 a menos del 49 por cien del PIB, en 2004”.
El portavoz del PSOE relacionaba esos datos “con la disminución constante del número de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se produjo en todas las Comisarías de la Comunidad y con el constante aumento del número de delitos y faltas que se experimentó en esos años”.
En directa relación con ello el socialista recordaba que “en ese periodo, las ofertas de empleo público en Policía y Guardia Civil convocadas por el gobierno del PP fueron insignificantes y manifiestamente insuficientes”, y ha puesto como ejemplo que “entre 1996 y 2000 que no se creaban plazas suficientes ni para cubrir las vacantes por jubilación que se producían en ambos cuerpos, ya que no se llegaba ni a los 3000 agentes cada año”
No obstante, el diputado del PSOE ha puesto de relieve que “el desinterés por la seguridad que mostraron los gobiernos del PP y la tendencia a desmantelar la Guardia Civil y la Policía Nacional, ya acabaron el 14-M”. A lo que ha añadido que “sólo en estos casi dos años el Gobierno del PSOE ha ofertado 9654 en 2005 y 9657 en 2006, en total más de 19300 nuevas plazas de policía y guardia civil, las dos mayores ofertas de empleo de miembros de las FCSE desde 1996”.
Además González recordaba que “Ese cambio en las políticas de seguridad que ha impulsado Zapatero, ha supuesto que en estos dos años, se hayan incorporado más de 900 efectivos a las plantillas de la Comunidad”.
En relación con todo ello, el portavoz socialista señalaba que “los cambios en la política de seguridad que ha impulsado el PSOE se traducen en un aumento de la seguridad ciudadana en España y también en la Comunidad Valenciana”. González ha fundamentado su afirmación en el hecho de que “en 2005, en España los delitos descendieron un 1,6 por cien y, entre ellos, los homicidios cayeron un 3,6 con respecto a 2004 y casi un 10 por cien desde 2003; además, los delitos contra el patrimonio han disminuido un 3,2 mientras que los hurtos han caído más de un 13 por ciento en 2005”.
MEJORA LA EFICACIA DE LAS FCSE.
Según los datos ofrecidos por el diputado, “no sólo caen los delitos, sino que además aumenta la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dado que las infracciones esclarecidas han aumentado un 1,7 por cien y la tasa de detenidos ha experimentado un incremento del 2,4 por cien, hasta los 130 detenidos por cada mil infracciones penales conocidas”. González recordaba que en 2003 “la tasa de detenciones fue de 111, lo que supone que el ascenso acumulado desde que gobierna el PSOE es de 11,7 por ciento”.
El diputado concluía señalando que “diga lo que diga el PP, los datos son incontestables y la tasa de criminalidad en España hoy se sitúa 20 puntos por debajo de la media de la UE-15 y eso supone que España y también la Comunidad Valenciana es más segura desde que gobierna el PSOE”.

El PSOE considera extraordinariamente negativos los datos de paro de Alicante en 2005

El portavoz del Consell Territorial del PSPV-PSOE, Carlos González, ha realizado una análisis político de la evolución del paro en la provincia de Alicante durante 2005 y ha calificado las cifras como “extraordinariamente negativas, se miren como se miren”, añadiendo que 2005 ha sido “un año fatídico para el empleo en nuestra provincia”.

En ese sentido, González se ha referido a los datos como “un nuevo jarro de agua fría para Alicante” y ha atribuido la responsabilidad de la situación “en exclusiva a Camps y a la errónea política económica e industrial del gobierno del Partido Popular en la Comunidad”.

El portavoz socialista reflexionaba sobre el “fuerte contraste que se produce en materia de empleo, entre la positiva evolución que se da en el conjunto de España y la gravedad de la situación en nuestra provincia”.

En relación con lo cual González señalaba que “el Presidente de la Generalitat debería preguntarse qué está pasando en Alicante para que, mientras que por primera vez en 30 años el paro en España está por debajo de la media de la Unión Europea y se crean 3000 nuevos empleos diarios, nuestra provincia padezca unas cifras de paro absolutamente insoportables”.

A lo que añadía que “el Partido Popular debe dejar de lanzar balones fuera y de atribuir los malos datos a la coyuntura, ya que el crecimiento del paro en Alicante es indudablemente estructural”.

En relación con ello, el diputado señalaba que “en este año el número de parados ha crecido diariamente y hoy son ya más de 83.000 los desempleados que acumula nuestra provincia”.

En directa relación con lo cual González señalaba que “después de un año más de gobierno del PP, de muchos planes sin prepuesto, de muchas frases grandilocuentes pero huecas y tras muchas declaraciones de Camps quitando importancia al asunto, hoy esta provincia tiene 8910 parados más que hace un año”.

González finalizaba recordando que “desde que Camps preside la Generalitat el paro está fuera de control en la provincia de Alicante y sigue una tendencia creciente imparable ”

Acebes y Rajoy tienen que intervenir en los casos de corrupción de Orihuela y Torrevieja

El PSOE exige la intervención de Acebes y Rajoy en los casos de corrupción de Orihuela y Torrevieja, ante la acreditada pasividad de Camps

El diputado socialista en las Cortes Generales y a su vez portavoz del Consell Territorial del PSPV-PSOE en Alicante, Carlos González Serna, ha exigido hoy “la intervención política de Acebes y Rajoy en los escándalos de corrupción que protagonizan los alcaldes del PP en Orihuela y Torrevieja”; “ante la -según él- acreditada pasividad del máximo responsable del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Francisco Camps”.

Según González “Camps es el principal responsable político de que Hernández Mateo y Medina sigan ostentando importantes responsabilidades, tanto en el Partido Popular como en los ayuntamientos de Torrevieja y Orihuela”; y atribuía “su condescendencia hacia ellos y su protección política”, a lo que él ha calificado como “su posición de profunda debilidad política en el seno del PP en la Comunidad, como consecuencia de la enconada lucha por el control del partido que mantiene con su adversario, el ex presidente de la Generalitat y hoy portavoz nacional del PP Eduardo Zaplana”

En directa relación con ello, el diputado nacional del PSOE señalaba al respecto de la situación de los dos principales alcaldes del PP en la comarca alicantina de la Vega Baja, que “es éticamente inadmisible que sigan siendo alcaldes y militantes del PP, pero es más indecente todavía que el propio Camps, actuando como Presidente de la Generalitat, acuda a sus municipios a darles públicamente su apoyo político”

González volvía a subrayar que “Acebes y Rajoy deben saber que el alcalde de Torrevieja se ha convertido de la noche a la mañana en un auténtico genio de los negocios inmobiliarios, comprando una finca por 180.000 euros y vendiéndola poco después por 5,2 millones de euros, y embolsándose unas plusvalías del 3000 por cien”.

En relación con lo cual, el portavoz de los socialistas recordaba que “no sólo es un inmoralidad porque se trata de especulación pura y dura, protagonizada por un alcalde”, “sino que además – continuó señalando - hay que tener en consideración como circunstancia agravante que Hernández Mateo, casualmente vendió las fincas a una empresa que opera habitualmente en Torrevieja, que poco antes había permutado solares con el Ayuntamiento y sobre cuyos intereses se han adoptado importantes decisiones desde la Alcaldía ”.

En directa relación con ello, González siguió incidiendo en la gravedad del asunto recordando que “además, ha quedado acreditado que compró las fincas hasta cinco veces por debajo del precio medio del mercado a la fecha de la operación” a lo que añadía con ironía que “pero ahí no acaba su buena estrella en los negocios, ya que también la casualidad llevó a que hiciera esa magnifica compra a una empresa a la que con anterioridad el Ayuntamiento había recalificado suelo”.


El diputado del PSOE ha enfatizado con sorna “las casualidades que rodean a la buena estrella urbanística del alcalde del PP”, remarcando que “compró fincas por debajo del precio de mercado a empresas con importantes vínculos con el Ayuntamiento y, posteriormente, vendió también en magníficas condiciones a empresas con importantes intereses urbanísticos en el municipio”. En relación con lo cual sentenció “¿alguien puede pensar que esos fenomenales negocios, no tienen ninguna relación con el hecho de que Hernández Mateo es el máximo responsable del urbanismo en Torrevieja?”

ROLLS ROYCE Y CHALET DE LUJO. Al respecto del otro alcalde investigado por Anticorrupción, José Manuel Medina, el socialista indicó que “si Camps tuviera un ápice de seriedad y dignidad política no sólo no le abrazaría públicamente, en señal de su apoyo político, sino que tendría que haberle expulsado del PP fulminantemente”. En ese sentido el portavoz del PSOE en la provincia de Alicante recordaba que “el Ayuntamiento de Orihuela se encuentra sumido permanentemente en escándalos urbanísticos y económicos”. A lo que a continuación añadía que “a lo que hay que sumar el más que sospechoso comportamiento patrimonial del alcalde, viviendo en un chalet de lujo a nombre de un promotor beneficiado por polémicas recalificaciones y conduciendo dos vehículos de súper lujo, un Audi A8 y un Rolls, a nombre de sendos promotores también con importantes intereses urbanísticos en Orihuela”.

Para finalizar González volvió a reclamar “una intervención decidida y urgente de los máximos responsables del Partido Popular ante la descomposición ética que padece el PP en la provincia de Alicante y que el señor Camps ha demostrado que es incapaz de atajar”

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El alcalde de Torrevieja, símbolo de la "podredumbre ética" del Partido Popular

El PSOE tacha a Hernández Mateo como el símbolo de la “podredumbre ética” del Partido Popular en la Comunidad Valenciana

El portavoz del Consell Territorial del PSPV-PSOE, Carlos González, ha calificado de “noticia muy positiva para democracia y para los ciudadanos de Torrevieja” que la justicia haya citado para declarar como imputado a Hernández Mateo, en relación con las “turbias operaciones de compraventa de fincas en Almoradí que han supuesto que el alcalde haya obtenido unas plusvalías que se aproximan a los mil millones de pesetas”.

El diputado del PSOE ha señalado en relación con todo ello que “los ciudadanos no deben olvidar que en este asunto Hernández Mateo tiene dos niveles de responsabilidad, la responsabilidad jurídica y la responsabilidad política”.

González, profundizaba en la cuestión resaltando que “ a los tribunales le corresponde estudiar si en la compraventa, que conllevó el súbito enriquecimiento del alcalde del Partido Popular, se cometió algún delito; es decir, si hay pruebas o elementos de los que se deduzca con claridad que hubo tráfico de influencias y uso de información privilegiada”. A lo que inmediatamente añadió que “ese es el papel de la justicia, pero a los torrevejenses les corresponde hacer el juicio ético y político de la actuación del alcalde, con independencia de que su actuación resulte ser o no delito”.

En ese sentido González planteó que “los ciudadanos deben valorar si es ético, si aprueban la conducta de aquél al que eligieron para que dirigiera los asuntos de la ciudad, lleve a cabo jugosos negocios urbanísticos e inmobiliarios con promotores locales sobre cuyos intereses decide desde su sillón de alcalde”. “La pregunta –continuó diciendo- que deben hacerse es si puede tener negocios privados un alcalde con los mismos empresarios sobre cuyos intereses toma decisiones en la alcaldía, si es ético que Hernández Mateo negocie a nivel privado con los promotores a los que recalifica terrenos en el desempeño de sus funciones de alcalde.”

En directa relación con lo cual, González indicaba que “sea o no culpable desde el punto de vista de la justicia, que ya se verá, desde el punto de vista ético y político la actuación del alcalde de Torrevieja es totalmente reprobable; gobernar y hacer trapicheos urbanísticos es absolutamente incompatible con el recto gobierno de la ciudad, ya que un alcalde debe estar dedicado por entero, en exclusiva, a resolver los asuntos de los ciudadanos”.

CAMPS Y SU “CERCANÍA, CARIÑO Y CONFIANZA”. Asi mismo González, incidía en la importancia que a su juicio tiene “el papel que juega el Presidente Camps en todo este asunto”. En ese sentido el diputado socialista señalaba que “Camps ayer amparaba al alcalde de Orihuela, también bajo sospecha al estar investigado por la fiscalía anticorrupción, anteayer abrazaba a Fabra, sentado en el banquillo por defraudar a Hacienda, y hoy no tiene más remedio que decir lo mismo que ayer y anteyer; es decir, no tiene más remedio que dar su a su compañero de partido, Hernández Mateo”.

En ese sentido, González ironizaba recordando al Presidente de la Generalitat que “los Estatutos del Partido Popular contienen algo llamado Compromiso ético para la recuperación de la vida pública del Partido Popular, en cuyo apartado octavo se establece la obligación ineludible de los cargos públicos del PP de ”; y el apartado noveno, obliga a que “el Partido Popular asume el compromiso de abrir en cualquiera de estos casos una comisión de investigación interna que esclarezca los hechos y que, a su vista, hará públicas las conclusiones de su informe, así como las sanciones que de ello puedan derivarse en aplicación del Reglamento de Conflictos y Disciplina.”

Por lo que el portavoz socialista lanzaba dos preguntas directas al Presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, inquiriéndole sobre si ¿considera que el hecho de que la juez llame a declarar a Hernández Mateo como imputado es síntoma o no de que hay indicios racionales de delito?, si ¿va a cumplir los Estatutos de su partido ahora que la justicia ya ha abierto un procedimiento jurisdiccional y ya ha imputado al militante del PP, Hernández Mateo? Y, en tercer lugar, si ya que el militante del PP está imputado ¿va abrir una comisión de investigación interna que esclarezca los hechos o va a prestarle también su cercanía, cariño y confianza, como a Medina?”

González finalizó, asegurando que Hernández Mateo y Medina son “el símbolo de la podredumbre ética que padece el Partido Popular en la Comunidad Valenciana” y que “los ciudadanos son sabios, toman nota y lo harán pagar muy caro al Partido Popular en las elecciones autonómicas y municipales de 2007”

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El PP está destrozado y sin rumbo en Orihuela

El PSOE asegura que el enfrentamiento entre Medina y Lorente pone de manifiesto que el PP está “destrozado y sin rumbo” en Orihuela

El portavoz del Consell Territorial del PSPV-PSOE, Carlos González, ha valorado la situación política del PP en el ayuntamiento de Orihuela con motivo del Pleno que celebrará hoy calificándola como “dantesca y surrealista”. Según ha expresado “la división y el enfrentamiento en el PP ha alcanzado tanta intensidad que pone en grave riesgo la estabilidad del gobierno municipal”. A juicio de González, “a casi dos años para la celebración de las elecciones municipales, el gobierno municipal está destrozado y sin rumbo político”.

En relación con ello, el diputado socialista ha puesto de relieve que “la guerra sin cuartel que vive el PP en Orihuela no es por motivos ideológicos, sino por el control del desarrollo urbanístico del municipio”. Así, según él “hay innumerables e innombrables intereses en juego y tanto Medina como Lorente, quieren tener el control exclusivo del urbanismo de la ciudad. Esa es la razón última de la crisis del Partido Popular”. González ha reiterado que “ese enfrentamiento es una pesada lacra para la ciudad y para los importantes intereses generales que hay en juego”.

Así mismo González ha indicado que “la situación es de ruptura total, pase lo que pase hoy en el pleno, y las posiciones son absolutamente irreconciliables”. Con lo que, al modo de ver del representante del PSOE, “el camino de Orihuela hasta las elecciones municipales del 2007 va a ser muy duro y traumático, ya que con un gobierno roto no hay posibilidad ni de tomar decisiones en clave de presente, ni mucho menos para sentar las bases con las que afrontar el futuro”. Además, ha señalado que “los primeros y más perjudicados van a ser los oriolanos, porque una ciudad en desgobierno es una ciudad que pierde oportunidades”.

González, recalcó que “tanto el Sr. Camps como la Sra. Pedrosa, son responsables por omisión de la situación del PP en Orihuela, su pasividad y desinterés es también causa directa de la crisis”, señalando que “ambos miran para otro lado mientras que el ayuntamiento de Orihuela y el grupo del PP están a punto de reventar políticamente”. Por ello, según él “los oriolanos harían bien en tomar buena nota y pasar factura al Partido Popular en 2007”.

Por último, el portavoz socialista ha vuelto a expresar públicamente “la enorme preocupación del PSOE por la situación en que el PP ha colocado al ayuntamiento de Orihuela, donde lo primero son los intereses oscuros y lo último las necesidades de la ciudad y de los ciudadanos”


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