El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados lamenta profundamente el fallecimiento en accidente de helicóptero en Bosnia del sargento Joaquín López Moreno y del teniente Santiago Hormigos.
Los parlamentarios socialistas desean hacer llegar su más sentido pésame a los familiares de los dos soldados fallecidos, así como a todos los miembros de las Fuerzas Armadas.
El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados quiere hacer un especial reconocimiento del trabajo que desarrollan las Fuerzas Armadas en todas las misiones internacionales en las que participan. Este trabajo, que realizan con una entrega y dedicación encomiable, es extraordinariamente valioso para la seguridad y estabilidad en el mundo.
Madrid, 19 de junio de 2008
21 junio 2008
09 septiembre 2007
2500 euros a los nuevos nacimientos: más apoyo a las familias
El pasado 3 de julio en el transcurso del debate del Estado de la Nación, el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, adquirió un compromiso de extraordinaria importancia para las familias españolas, al anunciar la concesión de una prestación económica de 2500 euros “por cada nuevo hijo que nazca en nuestro país”.
Una decisión que, a mi juicio, cabe calificar como novedosa, acertada y adecuada, ya que contribuye a ampliar la política de protección y apoyo a la familia que está impulsando el gobierno socialista; y que supone la creación de un nuevo derecho subjetivo y universal, del que se beneficiarán todas las familias españolas que hayan tenido o adoptado un hijo desde las cero horas del pasado 3 de julio.
Su finalidad inmediata es compensar, lógicamente de forma parcial, los mayores gastos que ocasiona el recién nacido en la primera etapa de su vida. Y con ella, España se sitúa a la cabeza en ayudas directas por nacimiento de hijo en el ámbito de la Unión Europea, ya que se trata de la cantidad más elevada de todos los países europeos (Finlandia, 140 e; Reino Unido, 742; Francia, 855; Bélgica, 1064; Italia, 1443; y Luxemburgo, 1704 euros) .
La memoria económica de la Ley, ahora en plena tramitación parlamentaria, estima un presupuesto aproximado de 1.250 millones de euros y beneficiaría a un colectivo en estos momentos, de entorno al medio millón de niños y niñas nacidos en España. Lo que contemplado desde la perspectiva de una provincia como la nuestra, estimando que podría haber más de 19.000 nacimientos en 2007 (fueron 18.834 en 2006 y 18.129 en 2005), supondría más de 48 millones de euros anuales en términos de gasto; esto es, una inyección de alrededor de 200 millones de euros durante los próximos cuatro años, en política de familia para el conjunto de los municipios alicantinos.
La medida trata de mejorar las condiciones de las familias en las que se producen nuevos nacimientos o adopciones y de ese modo, en combinación con otras ya aprobadas, incidir minorando la tendencia al envejecimiento de la población española, en el medio y largo plazo. Píensese en la considerable reducción de la tasa de natalidad y de fecundidad que se ha experimentado en España en los últimos 30 años, que nos ha situado en los niveles más bajos del mundo. Concretamente en 1976, el promedio de hijos por mujer en España era de 2,08 y la tasa de natalidad de 18,76. En 1998, ambos indicadores se situaron cayeron uno hasta los 1,16 hijos por mujer y el otro hasta los 9,19 descendientes por cada 1000 habitantes. El pasado año los datos fueron 1,3 y 10,92, respectivamente, un repunte derivado de los nacimientos de madre extranjera, pero aún sustancialmente inferior a la media de la UE-15, en torno a los 1,52 hijos por mujer.
El cobro se podrá percibir a partir de dos situaciones posibles. La primera, cuando el beneficiario se encuentre trabajando y cotice a la Seguridad Social, tendrá derecho a una deducción en el IRPF de 2.500 euros. La segunda vía afectará a aquellos beneficiarios que no tengan trabajo, que recibirán una prestación no contributiva de la Seguridad Social de 2.500 euros. En todo caso, en los dos supuestos podrán recibir los 2.500 euros en un pago único al tiempo de la solicitud y por supuesto de forma rápida y efectiva, como expresó días atrás en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, Jesús Caldera, ministro encargado de impulsar la tramitación del proyecto de Ley.
Conviene, así mismo, poner de manifiesto que la nueva ayuda será compatible con otras. Es decir, la prestación se suma a cualquier otra que se perciba; lo que incluye desde luego la actual deducción por maternidad de 100 euros anuales a las madres trabajadores empleadas por cuenta ajena y que tengan hijos menores de tres años.
Los 2500 euros por nacimiento, lejos de ser una medida aislada vienen a complementar el conjunto de instrumentos de diversa naturaleza que a largo de la presente legislatura ha ido aprobando el Gobierno de España, para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas. Entre ellos convendría destacar, por ejemplo, normas de marcado carácter social como la Ley de Atención a la Dependencia y la Ley de Igualdad. Así como, también, la propia Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la cual contempla incrementos sustanciales en los importes de los mínimos exentos por descendientes: Así en el IRPF de 2007 respecto al de 2004, la desgravación por el primer hijo se incrementa un 28,57 %, pasando de 1400 a 1800 euros; la correspondiente al segundo pasa de 1500 euros a 2000, un aumento de más del 33%; el tercer hijo –familia numerosa- en el nuevo IRPF pasa de una desgravación de 2200 euros a 3600, un 63,64% y el cuarto, crece un 78,66% pasando de 2300 euros a 4100.
Junto a ello, otras medidas importantes como la reducción del periodo de cotización exigido para acceder a la prestación de maternidad, adecuando el mismo a la edad de la madre; la creación de un nuevo subsidio no contributivo por maternidad para las trabajadoras que no acrediten el periodo de cotización exigible; el aumento del permiso de paternidad a quince días; la bonificación del 45 por ciento de las cuotas del régimen de empleados de hogar en la contratación de cuidadores al servicio de familias numerosas; las nuevas posibilidades de flexibilidad horaria, tanto en reducción de jornadas como en excedencias; contribuyen, todas ellas, a afianzar el carácter integral de la política de apoyo a la familia que impulsa el gobierno socialista.
En definitiva, el proyecto de ley de prestaciones de pago único por razón de nacimiento o adopción de hijo, que deriva de la propuesta de Zapatero, representa para España un avance más en materia de política social y supone, ante todo, más apoyo a las familias.
Carlos González
Diputado por Alicante
Grupo Parlamentario Socialista
15 diciembre 2006
El PSPV insta a Camps a que "asuma su compromiso y ejecute las obras del post-trasvase Júcar-Vinalopó"
El portavoz del Consell Territorial del PSPV-PSOE en Alicante y diputado en el Congreso, Carlos González, calificó hoy de noticia “extraordinariamente positiva” para la provincia la aprobación definitiva de 120 millones de euros de la Comisión Europea para financiar el trasvase Júcar-Vinalopó y pidió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que “asuma su compromiso y ejecute las obras del post-trasvase”.
González aseguró que esta decisión “supone el aval expreso e indiscutible de la Unión Europea a un proyecto que es fundamental para los intereses de la comarcas alicantinas”. Es más, dijo, Alicante “tendrá el agua garantizada, ya que, podrá recibir todos los años 80 hectómetros cúbicos de agua de buena calidad para el regadío de todo tipo de cultivos”.
Del mismo modo, el parlamentario socialista consideró que el aumento de la subvención de la Unión Europea en más de un 50 por ciento, pasando de 80 a 120 millones de euros, “es la confirmación de que este nuevo trazado es mucho mejor que el anterior”. Por todo ello, Carlos González exigió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que “deje de ser un obstáculo para que el agua pueda llegar a Alicante con el trasvase Júcar-Vinalopó” y, para ello, le instó a que “asuma su compromiso de financiar y ejecutar las obras del post-trasvase, ya que, ahora no tiene excusa posible y debe cambiar su posición”.
El responsable socialista afirmó que la decisión de la Comisión Europea “ha disipado todas las dudas” y, por eso, entiende que es “el momento de poner punto y final al enfrentamiento y que todos comencemos a trabajar unidos a favor de un trasvase tan beneficioso para la provincia”.
Asimismo, González pidió a los usuarios que “se sumen al proyecto y contribuyan a que siga avanzando para que el agua llegue al Vinalopó cuanto antes”.
Además, insistió en que la Generalitat debe “dejar de obstaculizar constantemente y convertirse en un apoyo decisivo para este proyecto”. De hecho, el parlamentario socialista aseguró que “nadie podrá entender que Camps no cambie su postura y la Generalitat siga con una oposición sistemática ante un proyecto que se ha demostrado que tiene el máximo apoyo político no sólo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sino también de la propia Unión Europea”.
González aseguró que esta decisión “supone el aval expreso e indiscutible de la Unión Europea a un proyecto que es fundamental para los intereses de la comarcas alicantinas”. Es más, dijo, Alicante “tendrá el agua garantizada, ya que, podrá recibir todos los años 80 hectómetros cúbicos de agua de buena calidad para el regadío de todo tipo de cultivos”.
Del mismo modo, el parlamentario socialista consideró que el aumento de la subvención de la Unión Europea en más de un 50 por ciento, pasando de 80 a 120 millones de euros, “es la confirmación de que este nuevo trazado es mucho mejor que el anterior”. Por todo ello, Carlos González exigió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que “deje de ser un obstáculo para que el agua pueda llegar a Alicante con el trasvase Júcar-Vinalopó” y, para ello, le instó a que “asuma su compromiso de financiar y ejecutar las obras del post-trasvase, ya que, ahora no tiene excusa posible y debe cambiar su posición”.
El responsable socialista afirmó que la decisión de la Comisión Europea “ha disipado todas las dudas” y, por eso, entiende que es “el momento de poner punto y final al enfrentamiento y que todos comencemos a trabajar unidos a favor de un trasvase tan beneficioso para la provincia”.
Asimismo, González pidió a los usuarios que “se sumen al proyecto y contribuyan a que siga avanzando para que el agua llegue al Vinalopó cuanto antes”.
Además, insistió en que la Generalitat debe “dejar de obstaculizar constantemente y convertirse en un apoyo decisivo para este proyecto”. De hecho, el parlamentario socialista aseguró que “nadie podrá entender que Camps no cambie su postura y la Generalitat siga con una oposición sistemática ante un proyecto que se ha demostrado que tiene el máximo apoyo político no sólo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sino también de la propia Unión Europea”.
31 julio 2006
La Comunidad, más segura.
La llegada del PSOE al Gobierno de la Nación hace poco más de dos años, ha supuesto un positivo y profundo cambio en la política de seguridad ciudadana en España y, también, en la Comunidad Valenciana, a pesar de los ímprobos esfuerzos del Presidente del Gobierno Valenciano, Francisco Camps y del Partido Popular para tergiversar esa realidad.
Analizando la política de seguridad del Gobierno presidido por José M. Aznar entre 1996 y 2004 cabe extraer tres conclusiones tan inequívocas como irrefutables. Una, la intensa reducción del gasto del Estado en seguridad ciudadana; dos, la cuantiosa merma de las plantillas de Policía y Guardia Civil; y tres, el alarmante incremento de la inseguridad ciudadana.
Los datos respaldan tales afirmaciones. El PP redujo el esfuerzo presupuestario público en seguridad ciudadana del 0,63 % del PIB en 1996, al 0,49 % del PIB en 2004 esto es, una caída, prácticamente, del 20%. Un drástico recorte presupuestario, que trajo consigo una disminución continuada del número de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. En la Comunidad ello supuso que las plantillas de las Comisarías y Cuarteles vieran mermados en más de un 15% sus efectivos.
En ese mismo periodo, los delitos crecieron de forma muy intensa y notable; nuestra Comunidad vio como se pasaba de un total de 122.458 delitos en 1996 a más de 159.500 en 2003, un incremento superior al 30%. A final de 2002 se alcanzaron valores máximos en la tasa de criminalidad, con 77 infracciones penales por cada mil habitantes; precisamente cuando el Sr. Camps era Delegado del Gobierno y el Sr. Rajoy, Ministro del Interior.
Entre tanto, conviene saber que las cifras de negocio de las empresas dedicadas a la seguridad privada crecían en España a un ritmo extraordinario. En concreto, bajo los gobiernos del PP el sector experimentó un crecimiento inusitado, el 76%, es decir, de los 1.655 millones de euros facturados en 1999 se pasó a los cerca de 3.000 millones de euros en 2004. Con lo que, a la vista de tan elocuentes datos bien podríamos llegar a la conclusión de que la afirmación “quien quiera seguridad que se la pague”, no fue un simple desliz verbal del Delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Sr. Ansuategui, sino la expresión simple y llana del modo de entender el Partido Popular la seguridad.
Un axioma, en definitiva, que evidencia que la derecha considera la seguridad de los ciudadanos como un bien de naturaleza privada, cuya demanda debe ser satisfecha individualmente con arreglo a la mayor o menor capacidad económica de cada cual.
Frente a ese ostensible desinterés por la seguridad ciudadana mostrado por el partido del Sr. Rajoy, el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero ha situado la seguridad de los españoles como un objetivo estratégico y prioritario en su acción política. Prueba de ello es que en estos dos años, el gasto en seguridad pública ha crecido con fuerza, pasando del 0,49 % heredado al 0,58 % del PIB. Y las Ofertas de Empleo Público de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado correspondientes a 2005 y 2006 han crecido también considerablemente, creándose 1.9311 nuevas plazas para el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.
Ello ha permitido aumentar las plantillas en toda España, a finales de 2005, hasta un total de 120.088 policías y guardia civiles, muy por encima del nivel alcanzado en 2002 con sólo 111.863 efectivos. Lo que ha tenido una repercusión claramente positiva en la Comunidad Valenciana, ya que en estos dos años de gobierno del PSOE se han incorporado en total, más de 1.000 efectivos al cuerpo de la Guardia Civil y 1.100 al Cuerpo Nacional de Policía; siendo en términos absolutos y relativos, la segunda Comunidad Autónoma, tras Madrid, que más efectivos ha recibido en este periodo.
Así mismo, ha sido preciso impulsar la creación de efectivos policiales altamente especializados, encargados de perseguir al crimen organizado. Los Grupos de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (GRECO), en la Policía Nacional y los Equipos contra el Crimen Organizado (ECO), en la Guardia Civil, responden precisamente a esa necesidad de lucha especializada contra las nuevas manifestaciones de criminalidad más peligrosas y violentas que penetraron en nuestro país años atrás y que tanta sensación de inseguridad vienen creando. Concretamente, en diciembre de 2005 el Ministro del Interior inauguró el GRECO-Comunidad Valenciana con dos subsedes, una en Benidorm y otra en Orihuela, al tiempo que creaba también un ECO en Alicante. Unidades éstas, compuestas por especialistas en investigación, captación de información, análisis criminal, vigilancias, seguimientos y empleo de medios y sistemas técnicos especiales de la función policial; además, han sido dotadas de avanzados medios materiales, como vehículos de gran cilindrada, material informático de última generación, equipos de vigilancia de alta tecnología y equipos digilitalizados de comunicación.
Los resultados del cambio de rumbo no se han hecho esperar en nuestra Comunidad. Los delitos han experimentado una caída cercana al 4% en el conjunto de las tres provincias con respecto al último año de gobierno del Sr. Aznar. Unos datos que adquieren mayor relevancia al ser analizados desde una perspectiva cualitativa. Así, por ejemplo, los homicidios y asesinatos – que son los delitos más graves y que más alarma social crean- han experimentado una muy apreciable reducción del 17%, cayendo de los 206 cometidos en 2002 a los 171 en 2005. En términos relativos, la tasa de criminalidad se ha visto reducida desde las 77 infracciones penales por cada mil habitantes en ese año a las 66,9 de 2005.
Es preciso además reseñar un dato más relativo, en este caso, a los buenos resultados que desde la perspectiva global se han registrado en la lucha contra la criminalidad organizada. Junto a la exitosa y reciente operación policial en la que ha sido detenida una peligrosa banda dedicada al asalto de chalets con gran violencia, que actuaba en la Comunidad, cabría señalar que el trabajo realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha dado muy buenos resultados en 2005, al permitir que hayan sido desmantelados en nuestro país un total de 290 grupos del crimen organizado con 3.925 detenciones. Y, en el periodo comprendido entre enero y mayo de 2006 ya son 278 las actuaciones con 1.207 detenidos. Por precisar más, los delitos de robo con violencia o intimidación cometidos en domicilios, han disminuido en los cinco primeros meses del año un 13,25%.
Resulta evidente que el actual Gobierno considera la seguridad como una condición necesaria para el desarrollo y el ejercicio en libertad de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas; un derecho humano fundamental, garantía de la libertad, cuya producción es un deber prioritario, esencial e indelegable del Estado. En definitiva, el gobierno socialista considera la seguridad como un bien de naturaleza pública cuya producción corresponde al Estado y cuya provisión a los ciudadanos ha de ser independiente de cualquier consideración sobre la renta de estos.
En síntesis, la seguridad es una prioridad política fundamental para el Gobierno que preside Zapatero. Lo que ha supuesto que hayamos pasado de menos recursos, menos plantillas y más delitos con el PP, a más gasto público en seguridad, más agentes, más especialización policial, más medios, más eficacia policial y, por ende, menos delitos con el PSOE. Y todo ello está teniendo como resultado que la Comunidad Valenciana sea hoy más segura.
Analizando la política de seguridad del Gobierno presidido por José M. Aznar entre 1996 y 2004 cabe extraer tres conclusiones tan inequívocas como irrefutables. Una, la intensa reducción del gasto del Estado en seguridad ciudadana; dos, la cuantiosa merma de las plantillas de Policía y Guardia Civil; y tres, el alarmante incremento de la inseguridad ciudadana.
Los datos respaldan tales afirmaciones. El PP redujo el esfuerzo presupuestario público en seguridad ciudadana del 0,63 % del PIB en 1996, al 0,49 % del PIB en 2004 esto es, una caída, prácticamente, del 20%. Un drástico recorte presupuestario, que trajo consigo una disminución continuada del número de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. En la Comunidad ello supuso que las plantillas de las Comisarías y Cuarteles vieran mermados en más de un 15% sus efectivos.
En ese mismo periodo, los delitos crecieron de forma muy intensa y notable; nuestra Comunidad vio como se pasaba de un total de 122.458 delitos en 1996 a más de 159.500 en 2003, un incremento superior al 30%. A final de 2002 se alcanzaron valores máximos en la tasa de criminalidad, con 77 infracciones penales por cada mil habitantes; precisamente cuando el Sr. Camps era Delegado del Gobierno y el Sr. Rajoy, Ministro del Interior.
Entre tanto, conviene saber que las cifras de negocio de las empresas dedicadas a la seguridad privada crecían en España a un ritmo extraordinario. En concreto, bajo los gobiernos del PP el sector experimentó un crecimiento inusitado, el 76%, es decir, de los 1.655 millones de euros facturados en 1999 se pasó a los cerca de 3.000 millones de euros en 2004. Con lo que, a la vista de tan elocuentes datos bien podríamos llegar a la conclusión de que la afirmación “quien quiera seguridad que se la pague”, no fue un simple desliz verbal del Delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Sr. Ansuategui, sino la expresión simple y llana del modo de entender el Partido Popular la seguridad.
Un axioma, en definitiva, que evidencia que la derecha considera la seguridad de los ciudadanos como un bien de naturaleza privada, cuya demanda debe ser satisfecha individualmente con arreglo a la mayor o menor capacidad económica de cada cual.
Frente a ese ostensible desinterés por la seguridad ciudadana mostrado por el partido del Sr. Rajoy, el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero ha situado la seguridad de los españoles como un objetivo estratégico y prioritario en su acción política. Prueba de ello es que en estos dos años, el gasto en seguridad pública ha crecido con fuerza, pasando del 0,49 % heredado al 0,58 % del PIB. Y las Ofertas de Empleo Público de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado correspondientes a 2005 y 2006 han crecido también considerablemente, creándose 1.9311 nuevas plazas para el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.
Ello ha permitido aumentar las plantillas en toda España, a finales de 2005, hasta un total de 120.088 policías y guardia civiles, muy por encima del nivel alcanzado en 2002 con sólo 111.863 efectivos. Lo que ha tenido una repercusión claramente positiva en la Comunidad Valenciana, ya que en estos dos años de gobierno del PSOE se han incorporado en total, más de 1.000 efectivos al cuerpo de la Guardia Civil y 1.100 al Cuerpo Nacional de Policía; siendo en términos absolutos y relativos, la segunda Comunidad Autónoma, tras Madrid, que más efectivos ha recibido en este periodo.
Así mismo, ha sido preciso impulsar la creación de efectivos policiales altamente especializados, encargados de perseguir al crimen organizado. Los Grupos de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (GRECO), en la Policía Nacional y los Equipos contra el Crimen Organizado (ECO), en la Guardia Civil, responden precisamente a esa necesidad de lucha especializada contra las nuevas manifestaciones de criminalidad más peligrosas y violentas que penetraron en nuestro país años atrás y que tanta sensación de inseguridad vienen creando. Concretamente, en diciembre de 2005 el Ministro del Interior inauguró el GRECO-Comunidad Valenciana con dos subsedes, una en Benidorm y otra en Orihuela, al tiempo que creaba también un ECO en Alicante. Unidades éstas, compuestas por especialistas en investigación, captación de información, análisis criminal, vigilancias, seguimientos y empleo de medios y sistemas técnicos especiales de la función policial; además, han sido dotadas de avanzados medios materiales, como vehículos de gran cilindrada, material informático de última generación, equipos de vigilancia de alta tecnología y equipos digilitalizados de comunicación.
Los resultados del cambio de rumbo no se han hecho esperar en nuestra Comunidad. Los delitos han experimentado una caída cercana al 4% en el conjunto de las tres provincias con respecto al último año de gobierno del Sr. Aznar. Unos datos que adquieren mayor relevancia al ser analizados desde una perspectiva cualitativa. Así, por ejemplo, los homicidios y asesinatos – que son los delitos más graves y que más alarma social crean- han experimentado una muy apreciable reducción del 17%, cayendo de los 206 cometidos en 2002 a los 171 en 2005. En términos relativos, la tasa de criminalidad se ha visto reducida desde las 77 infracciones penales por cada mil habitantes en ese año a las 66,9 de 2005.
Es preciso además reseñar un dato más relativo, en este caso, a los buenos resultados que desde la perspectiva global se han registrado en la lucha contra la criminalidad organizada. Junto a la exitosa y reciente operación policial en la que ha sido detenida una peligrosa banda dedicada al asalto de chalets con gran violencia, que actuaba en la Comunidad, cabría señalar que el trabajo realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha dado muy buenos resultados en 2005, al permitir que hayan sido desmantelados en nuestro país un total de 290 grupos del crimen organizado con 3.925 detenciones. Y, en el periodo comprendido entre enero y mayo de 2006 ya son 278 las actuaciones con 1.207 detenidos. Por precisar más, los delitos de robo con violencia o intimidación cometidos en domicilios, han disminuido en los cinco primeros meses del año un 13,25%.
Resulta evidente que el actual Gobierno considera la seguridad como una condición necesaria para el desarrollo y el ejercicio en libertad de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas; un derecho humano fundamental, garantía de la libertad, cuya producción es un deber prioritario, esencial e indelegable del Estado. En definitiva, el gobierno socialista considera la seguridad como un bien de naturaleza pública cuya producción corresponde al Estado y cuya provisión a los ciudadanos ha de ser independiente de cualquier consideración sobre la renta de estos.
En síntesis, la seguridad es una prioridad política fundamental para el Gobierno que preside Zapatero. Lo que ha supuesto que hayamos pasado de menos recursos, menos plantillas y más delitos con el PP, a más gasto público en seguridad, más agentes, más especialización policial, más medios, más eficacia policial y, por ende, menos delitos con el PSOE. Y todo ello está teniendo como resultado que la Comunidad Valenciana sea hoy más segura.
Reforma laboral: empleo de calidad
Artículo de opinión valorando la importancia y la repercusión de la aprobación del Real Decreto Ley 5/2006 de 9 de junio para la mejora del crecimiento y del empleo, más conocido como el acuerdo para la Reforma Laboral alcanzado entre Sindicatos, Patronal y Gobierno.
El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma laboral acordada entre los sindicatos, la patronal y el Gobierno, culminando así la expresión de un consenso que adquiere carácter histórico, dado que es el primero que se logra sobre mercado de trabajo en los últimos veinticinco años.
Se trata, sin duda alguna, de un hecho de extraordinaria importancia para el conjunto del país, por su incidencia no sólo sobre los trabajadores, sino también sobre las propias empresas. No en vano, en un momento de indiscutible solidez en nuestra economía, con un intenso y sostenido crecimiento económico y del empleo, la falta de estabilidad laboral es una de las principales preocupaciones sentidas por la sociedad española y, a la vez, un factor de merma de la productividad de las empresas. Porque aumentar la productividad requiere, junto a otras medidas, aumentar el compromiso y la implicación de los trabajadores en el proyecto empresarial y, para ello, reducir la temporalidad y aumentar la calidad del empleo, constituyen factores determinantes.
El eje central de la negociación, iniciada en julio de 2004, giraba precisamente en torno a la reducción de la temporalidad, considerada la auténtica lacra del mercado laboral español, sin que ello supusiera merma de la flexibilidad necesaria para la adaptación de nuestras empresas a las nuevas condiciones de la economía global. El contenido del acuerdo alcanzado y de las medidas ya aprobadas camina en esa dirección, y permitirá reducir progresivamente las tasas de temporalidad, aumentando el empleo estable y sin pérdida alguna de los derechos de los trabajadores. En suma, se puede asegurar que la reforma aprobada promueve el crecimiento del empleo y la reducción del paro, impulsa la contratación indefinida, incentiva los contratos fijos frente a los temporales, estimula el empleo estable de los jóvenes y de las mujeres y limita la contratación temporal, al tiempo que mejora la protección social de los trabajadores en situación de desempleo y refuerza la Inspección de Trabajo.
La reforma construye un delicado equilibrio entre flexibilidad y seguridad: no reduce ni un ápice la flexibilidad del mercado de trabajo, y no introduce ni un solo recorte de derechos ni retroceso social. En palabras del propio Ministro de Trabajo, Jesús Caldera, “promueve la estabilidad sin recortar derechos laborales, y limita la temporalidad sin reducir la flexibilidad”. Para ello, en esencia, utiliza dos mecanismos de forma combinada; por una parte, aumenta los costes relativos de la contratación temporal y reduce los de la indefinida, y por otra, establece un límite infranqueable a la utilización prolongada de la contratación temporal en las empresas
¿De que herramientas se vale el Real Decreto Ley para abrir la brecha de costes entre la contratación estable y la temporal? Básicamente de tres. La primera, la creación de un nuevo sistema de estímulos a la estabilidad del empleo, mucho más vigoroso que el anterior. El sistema de estímulos impulsado implica que sólo se va a incentivar la contratación indefinida inicial y no la conversión de contratos temporales, con el fin de evitar que se estimule a que las empresas hagan primero contratos temporales y luego perciban ayudas por convertirlos en fijos; y para contrapesar la supresión de las bonificaciones a los contratos fijos que provienen de temporales, se pone en marcha un Plan Extraordinario de Ayudas para que sólo los actuales temporales se conviertan en fijos, que durará improrrogablemente seis meses. La segunda, la apertura de más campo al fomento de la contratación indefinida, porque de nuevo los contratos temporales se podrán convertir en los contratos indefinidos de fomento creados en 1997, conocidos como de 33 días; Y, la tercera, la reducción de las cotizaciones sociales a la contratación indefinida, que por una parte añade a los estímulos citados antes otro elemento de abaratamiento, pero por otra, encarece en términos relativos la utilización de los contratos temporales.
¿Qué recurso impulsa la nueva norma para limitar el llamado encadenamiento sucesivo de contratos?. Reducir la precariedad requería, forzosamente, establecer una limitación absoluta y automática a esa utilización prolongada de la contratación temporal. La medida actuará convirtiendo al trabajador en indefinido de forma automática. Es decir, no se trata de una presunción contra la cual el empresario pueda presentar una prueba de que el contrato es temporal. No. Ni tampoco el trabajador habrá de acudir a los tribunales, ni formular reclamación alguna. Simplemente si se cumplen las condiciones desde ahora legalmente establecidas (que se haya ocupado el mismo puesto de trabajo durante 24 meses en un periodo de 30 con más de un contrato) el trabajador será fijo.
Es por tanto evidente que esta reforma laboral apuesta claramente por la calidad del empleo. No reduce los derechos laborales, prima la contratación indefinida frente a la temporal, establece límites para evitar la prolongación injustificada de situaciones de temporalidad, y a todo ello añade dos cuestiones más: una mejora de la protección de los trabajadores ante el desempleo, con medidas que completan y perfeccionan la cobertura de las prestaciones, y una mejora de la protección que reciben los trabajadores de las pymes a través del FOGASA en los casos de insolvencia empresarial y despido, para los que se aumentan tanto las cuantías como los supuestos a proteger.
Pero, además, es preciso subrayarlo, esta apuesta por la calidad del empleo no se hace contra las empresas sino a favor de las empresas. Porque se hace sin merma de la flexibilidad, porque se hace a través de la reducción de los costes laborales hasta situar el coste laboral de la estabilidad por debajo del coste de la temporalidad, porque se alivian los costes laborales totales de las empresas –entre un 3% y un 4% -, con especial énfasis en aquellas que han optado por mayor proporción de empleo fijo, y porque se facilitan nuevas vías para acabar con la temporalidad innecesaria y poder transformarla en contratos indefinidos.
Vista desde una perspectiva cuantitativa la aplicación del Real Decreto Ley 5/2006 de 9 de junio, según los cálculos del Ministerio de Trabajo, posibilitará que alrededor de un millón quinientos mil trabajadores temporales pasen a tener un contrato indefinido en España; lo que llevado a la provincia de Alicante, puede suponer un impacto de unos sesenta mil contratos temporales devenidos a fijos en un horizonte temporal inferior a los dos años.
En definitiva, desde el PSOE consideramos que se trata de una reforma que constituye un auténtico ejemplo de armonización entre flexibilidad y seguridad, ahora llamada flexiseguridad; se trata de la reforma que necesitan hoy las empresas y los trabajadores españoles para resolver el problema de la precariedad sin recortar los derechos de estos ni la capacidad de actuación de aquellas. Y, por tanto, estamos ante la reforma que necesita el país y muy especialmente nuestra provincia para mejorar la calidad del empleo y la productividad.
04 junio 2006
González asegura que el aumento de efectivos de la Comisaría de Elche, es producto del "compromiso firme" de Zapatero con la seguridad ciudadana
El diputado socialista Carlos González ha afirmado hoy en su intervención en las Jornadas sobre Seguridad organizadas por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Elche que “la seguridad es un prioridad básica del gobierno socialista y que éste no escatima recursos para hacer de los pueblos y ciudades de España lugares cada día más seguros”. Añadiendo que “el intenso aumento de efectivos de la Comisaría de Elche es producto de ese compromiso firme de Zapatero con la seguridad ciudadana” González ha asegurado que “tras el fracaso de las políticas de seguridad del Partido Popular, el cambio de gobierno ha supuesto un profundo y muy positivo cambio en la política de seguridad ciudadana”. En relación con ello, el socialista señalaba que “Hemos pasado de menos recursos, menos plantillas y más delitos con el PP, a más gasto público en seguridad, más agentes, más especialización policial, más medios, más eficacia policial y, por ende, menos delitos con el PSOE”. Lo que, según él “está suponiendo que Elche y la provincia de Alicante en su conjunto esté avanzando y mejorando en seguridad ciudadana”. En relación con todo ello, el portavoz adjunto del PSOE en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha señalado que “durante los años de Gobierno de Aznar se produjo un drástico recorte presupuestario, reduciéndose el gasto público en seguridad ciudadana del 0,63 % del PIB en 1996, al 0,49 % del PIB en 2004 esto es, una caída, prácticamente, del 20 por ciento” . A lo que añadió que “el recorte trajo consigo una fuerte disminución del número de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil que llevó a que Comisarías importantes como la de Elche quedarán con 140 agentes, prácticamente, bajo mínimos”. González, sin embargo ha destacado que “En los dos primeros años de gobierno de Zapatero, el esfuerzo en seguridad pública ha crecido más de un 18 por cien, pasando del 0,49 % heredado al actual 0,58 % del PIB, como también lo han hecho las Ofertas de Empleo Público de las FCSE correspondientes a 2005 y 2006, en las que se han creado 19311 nuevas plazas para el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil”. Según indicaba “eso ha permitido un crecimiento de la plantilla de la Comisaría ilicitana superior al 40 por ciento, ya que hoy sobrepasa holgadamente los 200 agentes” Así mismo se ha referido también a “la puesta en marcha de unidades especializadas para la lucha contra el crimen organizado en nuestra provincia”. Así, a su juicio “contra la delincuencia de esas características hay que luchar con recursos y con medios altamente especializados, por ello se han puesto en marcha en nuestra provincia los GRECO (Grupo de Respuesta Especializada contra el Crimen Organizado) en la Policía Nacional y los ECO (Equipos contra el Crimen Organizado) en la Guardia Civil que están consiguiendo muy buenos resultados” Además el socialista, ha señalado que “la política de seguridad que impulsa Zapatero comienza ya a dar buenos resultados en toda España, también en la Comunidad Valenciana y en nuestra propia ciudad”. González indicaba para finalizar que “España tiene una tasa de criminalidad 20 puntos inferior a la media de la UE-15 y nuestra ciudad se encuentra dentro del nivel medio de nuestro país” por lo que, según aseveró “sin duda, Elche es una ciudad muy segura en la que se puede vivir con gran tranquilidad”. |
10 mayo 2006
Ley de Dependencia: Avanzando en justicia y solidaridad
La pasada semana comenzaba la tramitación en el Congreso de los Diputados, del proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Una importante iniciativa legislativa que constituye el cumplimiento de un compromiso político adquirido por el PSOE en la campaña electoral que precedió a las elecciones generales del 14 de marzo de 2004. Y una iniciativa legislativa que va a suponer un considerable avance en el modelo de Estado social que consagra la Constitución española, como consecuencia de la creación de un nuevo derecho para los ciudadanos; no en vano, ha sido calificada como el cuarto pilar del estado de bienestar, situándola al mismo nivel que las leyes aprobadas en los años 80 por los gobiernos de Felipe González y que convirtieron la sanidad, la educación y las pensiones también en derechos de todos. Su trascendencia social radica en la repercusión que va a tener sobre la sociedad española, particularmente, sobre la población dependiente y sus familias. Algunos datos estadísticos extraídos del Libro Blanco de la Dependencia, pueden servirnos para conocer la intensidad del impacto positivo que va a tener en el corto y medio plazo la ley para la población dependiente de nuestro país. Concretamente, en este momento las personas en situación de gran dependencia son casi 200.000, en dependencia severa 370.000, en dependencia moderada 560.000, lo que hace un total de 1.125.000 personas. Además, se estima que en 2015 el colectivo habrá experimentado un crecimiento cercano al 20 por cien, lo que elevará la cifra total hasta 1.400.000 personas aproximadamente. Hasta ahora la atención a las personas que por su situación de dependencia no pueden realizar por si mismas las actividades básicas de la vida diaria, ha sido una cuestión estrictamente privada que se ha venido afrontando desde el ámbito, casi exclusivamente, de la familia; si bien es cierto que, en algunos casos con el apoyo de algunas administraciones locales y/ o autonómicas especialmente sensibilizadas con tal género de situaciones, siendo el Ayuntamiento de Elche un buen ejemplo de tal implicación. Por otra parte, cabe resaltar que dentro de la familia la atención es prestada, concretamente, por las mujeres; por muchas hijas, madres o esposas que dedican un número muy importante de horas al día al cuidado del familiar dependiente. Ambas afirmaciones son corroboradas a la luz de los datos que maneja el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; así, en la actualidad muy pocas personas en situación de dependencia disponen de servicios como la ayuda a domicilio (3,14 %), tele asistencia (2,05 %) o plaza en centro de día o en una residencia (0,46%); lo que evidencia la insuficiente cobertura. Y además, a día de hoy el 83 por ciento de los cuidadores son mujeres, el 60 por ciento tienen un bajo nivel de estudios, el 73 por ciento no tiene actividad laboral retribuida alguna y la edad media del cuidador es de 53 años. La aprobación de la Ley supondrá, por tanto, la respuesta del Estado dirigida a promover la autonomía personal y a garantizar la atención y la protección de las personas en situación de dependencia; mediante la creación de un sistema público, el Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, que garantice la atención necesaria, estableciendo un conjunto prestaciones al que tienen derecho los ciudadanos según su grado de dependencia. No pudiéndose pasar por alto que el derecho a recibir la atención del Sistema, se concreta en el artículo 4 del futuro texto legal como un derecho perfecto y subjetivo de carácter universal, susceptible de ser exigido administrativa y judicialmente y por tanto, garantizado a los titulares potenciales. El proyecto de ley contempla tres tipos de prestaciones. El primer tipo son los servicios, según un catálogo que incluye la tele asistencia, la ayuda a domicilio, los centros de día y de noche y los centros residenciales. El segundo tipo es la prestación económica vinculada al servicio, que se facilitará cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención a la dependencia, y cuya cuantía se determinará en función del grado de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario. El tercero será la ayuda económica para cuidados en el entorno familiar, siempre que se den las condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda. En relación con ello, considero necesario destacar que habrá una prioridad de los servicios frente a las prestaciones económicas. Esta preferencia por la prestación de los servicios es la fórmula más coherente con la manera de entender los derechos sociales como derechos de prestación por parte de las administraciones públicas. No obstante, parece lógico que durante los primeros años, que serán de implantación gradual del sistema y en los que se deben crear las infraestructuras suficientes, sea probable que sean más frecuentes las prestaciones y ayudas económicas que los servicios. Pero con el transcurso del tiempo y una vez creadas las infraestructuras necesarias, el sistema debe garantizar que la relación se invierta y que las ayudas económicas pasen a ser una excepción siendo la norma general, la prestación de servicios. Por otra parte, es preciso contemplar los efectos de la futura ley también desde la óptica económica; según informó a la Cámara el propio Ministro de Trabajo, Jesús Caldera, el coste total del sistema en 2015 será de 9.355 millones de euros - casi un billón setecientos mil millones de pesetas-, lo que va a suponer un esfuerzo financiero muy importante. De 2007 a 2015, el periodo calculado para implantar de forma gradual el sistema, la Administración General del Estado aportará casi 13.000 millones de euros y las comunidades autónomas una cantidad similar. Ello significa, en términos de Producto Interior Bruto, pasar del 0,33% del PIB que se dedica en la actualidad a la dependencia a más del 1% en 2015. Además, los beneficiarios deben participar en la financiación del sistema en función de su capacidad económica, porque ello es absolutamente necesario para su sostenibilidad; si bien, esa participación en la financiación del sistema no superará de media, el 30 por ciento del coste del servicio. No obstante, ninguna persona quedará sin protección por ausencia de recursos, ya que en ese caso la ley contempla que la prestación necesaria será financiada íntegramente por el sistema. Se estima además que la puesta en marcha del Sistema Nacional de Atención a la Dependencia tenga efectos también beneficiosos para la actividad económica de nuestro país. Según diversos estudios, se calcula que se crearán 300.000 puestos de trabajo directos a los que habrá que sumar un número adicional de puestos de trabajo indirectos, también considerables. El PIB de nuestra economía será en el año 2010 un 1,56 por ciento mayor que si no se hubiera implantado el sistema y el retorno fiscal global por impuestos generales y cotizaciones será importante, pudiendo llegar a cubrir, según las estimaciones antes referidas hasta las dos terceras partes del gasto asociado al despliegue del mismo. Por último desde la óptica política, los socialistas estamos convencidos de que la sociedad, a través de los poderes públicos, tiene la obligación ética de realizar ese esfuerzo colectivo para mejorar las condiciones de vida de quienes sufren las enormes dificultades derivadas de la situación de dependencia. A esa convicción responde la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Una iniciativa legal que supone la ampliación de la política social, que construye un nuevo derecho de ciudadanía y que a su vez permite un gran avance en la protección social de los ciudadanos. Una norma que, al asumir el reto de dar respuesta a los problemas de los miembros más débiles y vulnerables de la sociedad, nos hace avanzar en justicia y solidaridad. Una ley de la que, sin duda, todos los españoles podremos sentirnos orgullosos. Carlos González http://carlosgonzalez.es Diputado por Alicante y Portavoz del Consell Territorial del PSPV-PSOE |
12 abril 2006
El PSOE asegura que los ciudadanos son los "auténticos paganos" de la "guerra sin cuartel" que libran Camps y Zaplana en la provincia
El portavoz del Consell Territorial del PSPV-PSOE, Carlos González, se ha referido hoy la destitución de los cuatro concejales zaplanistas del PP en Novelda, enmarcándola en la “guerra sin cuartel que libran Camps y Zaplana en la provincia” y señalando que “los auténticos paganos de la crisis y la división del PP no son otros que los propios ciudadanos y en este caso los vecinos y vecinas de Novelda, que son quienes sufren las consecuencias de los enfrentamientos”.
El también diputado se refería a la cuestión indicando que “al destituir a los zaplanistas, el alcalde de Novelda está utilizando el propio ayuntamiento y sus resortes para ajustar cuentas con quienes son sus enemigos dentro de su propio partido”.
A lo que ha añadido que “indudablemente, eso supone supeditar los intereses del ayuntamiento y de los propios ciudadanos a lo que le conviene a un sector del Partido Popular, lo que sin duda no puede ser bueno para Novelda”.
En ese sentido, González ha puesto de relieve que “el estallido de una nueva crisis del PP en Novelda, no se trata de un caso aislado o infrecuente si no de un brote más, en un contexto de fuerte división interna”, así se refería también a “los episodios de Orihuela, Alicante, Elche, Benidorm o sin ir más lejos en la propia Diputación, que sobresaltan a la opinión pública con demasiada frecuencia”. “Y, por tanto, Novelda supone –continuó afirmando- un ejemplo más de la descomposición que padece el Partido Popular en la provincia de Alicante”.
En relación con ello, el diputado nacional del PSOE ha asegurado que “cada día se hace más evidente que en el PP alicantino conviven dos formaciones políticas distintas, diferenciadas y, por lo que se ve, irreconciliables; una, la que dirige Zaplana a través de Ripoll y De España y otra la que encabeza Camps y cuyas cabezas visibles son los alcaldes bajo sospecha, Alperi, Hernández Mateo y Medina”.
A lo que añadía que “lamentablemente, unos y otros están totalmente entregados a las luchas internas, olvidándose de los intereses generales y de las necesidades de las instituciones en las que están presentes, lo que supone un grave perjuicio para el interés general y para las necesidades y expectativas de los ciudadanos, sobre todo allí donde todavía gobiernan”
*RELACION DE GRUPOS MUNICIPALES DEL PARTIDO POPULAR, AFECTADOS POR LA DIVISION INTERNA: Xàbia, Alicante, Elda, Villena, Elche, Orihuela, Dénia y Benidorm.
INTERES COMPARTIDO CON CIERVAL. En otro orden de cosas, el diputado del PSOE se ha referido también a las declaraciones de la patronal autonómica CIERVAL relativas a la seguridad ciudadana, señalando que “desde el PSOE compartimos plenamente ese interés de CIERVAL por la mejora de la seguridad en la Comunidad”, a lo que añadió que “la seguridad es una de las materias prioritarias para el Gobierno que preside Zapatero y la Comunidad Valenciana es también un territorio prioritario en el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio del Interior para avanzar en la mejora de la seguridad”.
En ese sentido, el portavoz adjunto del PSOE en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados no ha dudado en asegurar que “el Gobierno de España está literalmente volcado en el objetivo de mejorar la seguridad en la Comunidad Valenciana y eso lo demuestran las cifras de incorporaciones de policía y guardia civil a las tres provincias”.
CAMBIO DE TENDENCIA En relación con ello el diputado recordaba que “ya han pasado los años en los que el anterior Gobierno reducía el gasto público en seguridad y desmantelaba las Comisarías y los Cuarteles de la Guardia Civil, en toda España y en particular en nuestra Comunidad”
Así, González ha señalado que “en estos dos años de gobierno de Zapatero se ha invertido la tendencia, lo que se traduce en que el presupuesto del Estado destinado a seguridad crece con fuerza y las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad están aumentando notablemente”.
El diputado concretaba su afirmación afirmando que “en 2006 el presupuesto del Ministerio de Interior ha crecido un 10,2 % y en términos de producto interior bruto, se ha pasado del 0,49 de 2003 al 0,58 de 2006, un aumento del 18 por ciento del gasto público destinado por el Estado a la seguridad de los ciudadanos”.
“Ese aumento de los recursos –continuó afirmando- ha permitido más de 1200 incorporaciones a las plantillas de Policía y Guardia Civil en la Comunidad, algo que no pasó en los último ocho ejercicios, y permitirá que en los años venideros puedan continuar creciendo las plantillas, producto de las 19311 plazas creadas en las dos ofertas de empleo correspondientes a 2005 y 2006”
El portavoz socialista también se ha referido “a la creación de instrumentos específicos en la Policía y en la Guardia Civil, para la lucha contra la criminalidad organizada”, citando expresamente a “los Grupos de Respuesta Especializada al Crimen Organizado –GRECO- en el Cuerpo Nacional de Policía y a los Equipos contra el Crimen Organizado –ECO- en la Guardia Civil, que operan en la Comunidad” y que según él “están dando muy buenos resultados”.
González ha finalizado pidiendo a CIERVAL que “siga teniendo confianza ya que el cambio de gobierno se ha traducido en un cambio muy positivo en la política de seguridad” y según él “eso se tiene que notar y tendrá como consecuencia más seguridad en la Comunidad”
El portavoz del Consell Territorial del PSPV-PSOE, Carlos González, se ha referido hoy la destitución de los cuatro concejales zaplanistas del PP en Novelda, enmarcándola en la “guerra sin cuartel que libran Camps y Zaplana en la provincia” y señalando que “los auténticos paganos de la crisis y la división del PP no son otros que los propios ciudadanos y en este caso los vecinos y vecinas de Novelda, que son quienes sufren las consecuencias de los enfrentamientos”.
El también diputado se refería a la cuestión indicando que “al destituir a los zaplanistas, el alcalde de Novelda está utilizando el propio ayuntamiento y sus resortes para ajustar cuentas con quienes son sus enemigos dentro de su propio partido”.
A lo que ha añadido que “indudablemente, eso supone supeditar los intereses del ayuntamiento y de los propios ciudadanos a lo que le conviene a un sector del Partido Popular, lo que sin duda no puede ser bueno para Novelda”.
En ese sentido, González ha puesto de relieve que “el estallido de una nueva crisis del PP en Novelda, no se trata de un caso aislado o infrecuente si no de un brote más, en un contexto de fuerte división interna”, así se refería también a “los episodios de Orihuela, Alicante, Elche, Benidorm o sin ir más lejos en la propia Diputación, que sobresaltan a la opinión pública con demasiada frecuencia”. “Y, por tanto, Novelda supone –continuó afirmando- un ejemplo más de la descomposición que padece el Partido Popular en la provincia de Alicante”.
En relación con ello, el diputado nacional del PSOE ha asegurado que “cada día se hace más evidente que en el PP alicantino conviven dos formaciones políticas distintas, diferenciadas y, por lo que se ve, irreconciliables; una, la que dirige Zaplana a través de Ripoll y De España y otra la que encabeza Camps y cuyas cabezas visibles son los alcaldes bajo sospecha, Alperi, Hernández Mateo y Medina”.
A lo que añadía que “lamentablemente, unos y otros están totalmente entregados a las luchas internas, olvidándose de los intereses generales y de las necesidades de las instituciones en las que están presentes, lo que supone un grave perjuicio para el interés general y para las necesidades y expectativas de los ciudadanos, sobre todo allí donde todavía gobiernan”
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INTERES COMPARTIDO CON CIERVAL. En otro orden de cosas, el diputado del PSOE se ha referido también a las declaraciones de la patronal autonómica CIERVAL relativas a la seguridad ciudadana, señalando que “desde el PSOE compartimos plenamente ese interés de CIERVAL por la mejora de la seguridad en la Comunidad”, a lo que añadió que “la seguridad es una de las materias prioritarias para el Gobierno que preside Zapatero y la Comunidad Valenciana es también un territorio prioritario en el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio del Interior para avanzar en la mejora de la seguridad”.
En ese sentido, el portavoz adjunto del PSOE en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados no ha dudado en asegurar que “el Gobierno de España está literalmente volcado en el objetivo de mejorar la seguridad en la Comunidad Valenciana y eso lo demuestran las cifras de incorporaciones de policía y guardia civil a las tres provincias”.
CAMBIO DE TENDENCIA En relación con ello el diputado recordaba que “ya han pasado los años en los que el anterior Gobierno reducía el gasto público en seguridad y desmantelaba las Comisarías y los Cuarteles de la Guardia Civil, en toda España y en particular en nuestra Comunidad”
Así, González ha señalado que “en estos dos años de gobierno de Zapatero se ha invertido la tendencia, lo que se traduce en que el presupuesto del Estado destinado a seguridad crece con fuerza y las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad están aumentando notablemente”.
El diputado concretaba su afirmación afirmando que “en 2006 el presupuesto del Ministerio de Interior ha crecido un 10,2 % y en términos de producto interior bruto, se ha pasado del 0,49 de 2003 al 0,58 de 2006, un aumento del 18 por ciento del gasto público destinado por el Estado a la seguridad de los ciudadanos”.
“Ese aumento de los recursos –continuó afirmando- ha permitido más de 1200 incorporaciones a las plantillas de Policía y Guardia Civil en la Comunidad, algo que no pasó en los último ocho ejercicios, y permitirá que en los años venideros puedan continuar creciendo las plantillas, producto de las 19311 plazas creadas en las dos ofertas de empleo correspondientes a 2005 y 2006”
El portavoz socialista también se ha referido “a la creación de instrumentos específicos en la Policía y en la Guardia Civil, para la lucha contra la criminalidad organizada”, citando expresamente a “los Grupos de Respuesta Especializada al Crimen Organizado –GRECO- en el Cuerpo Nacional de Policía y a los Equipos contra el Crimen Organizado –ECO- en la Guardia Civil, que operan en la Comunidad” y que según él “están dando muy buenos resultados”.
González ha finalizado pidiendo a CIERVAL que “siga teniendo confianza ya que el cambio de gobierno se ha traducido en un cambio muy positivo en la política de seguridad” y según él “eso se tiene que notar y tendrá como consecuencia más seguridad en la Comunidad”
http://cgonzalez.info
20 febrero 2006
El PSOE asegura que la Comunidad es más segura desde que gobierna Zapatero, porque ahora se invierte mucho más en seguridad
El portavoz del Consell Territorial del PSPV-PSOE, Carlos González, ha respondido al vicesecretario regional del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, que “la Comunidad es más segura desde que gobierna Zapatero, porque ahora se invierte mucho más en seguridad que cuando gobernaba el PP”.
Así mismo González replicaba a Costa afirmando que “la falta de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado en la Comunidad trae causa en los años de gobierno del PP, precisamente en el periodo en el que fueron Ministros del Interior Acebes y Rajoy”
En directa relación con lo cual, González ha señalado que “el desmantelamiento de las plantillas de la Policía y de la Guardia Civil y la merma que todavía padecen, se originó como consecuencia de la caída constante del gasto público en seguridad de los gobiernos del Partido Popular, entre 1996 y 2004”.
El también diputado nacional del PSOE, aseguraba que “entre 1996 y 2004 los recursos presupuestarios destinados a seguridad ciudadana cayeron más de un 20 por cien, pasando del 0,63 por cien del PIB cuando el PP llegó al gobierno en 1996 a menos del 49 por cien del PIB, en 2004”.
El portavoz del PSOE relacionaba esos datos “con la disminución constante del número de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se produjo en todas las Comisarías de la Comunidad y con el constante aumento del número de delitos y faltas que se experimentó en esos años”.
En directa relación con ello el socialista recordaba que “en ese periodo, las ofertas de empleo público en Policía y Guardia Civil convocadas por el gobierno del PP fueron insignificantes y manifiestamente insuficientes”, y ha puesto como ejemplo que “entre 1996 y 2000 que no se creaban plazas suficientes ni para cubrir las vacantes por jubilación que se producían en ambos cuerpos, ya que no se llegaba ni a los 3000 agentes cada año”
No obstante, el diputado del PSOE ha puesto de relieve que “el desinterés por la seguridad que mostraron los gobiernos del PP y la tendencia a desmantelar la Guardia Civil y la Policía Nacional, ya acabaron el 14-M”. A lo que ha añadido que “sólo en estos casi dos años el Gobierno del PSOE ha ofertado 9654 en 2005 y 9657 en 2006, en total más de 19300 nuevas plazas de policía y guardia civil, las dos mayores ofertas de empleo de miembros de las FCSE desde 1996”.
Además González recordaba que “Ese cambio en las políticas de seguridad que ha impulsado Zapatero, ha supuesto que en estos dos años, se hayan incorporado más de 900 efectivos a las plantillas de la Comunidad”.
En relación con todo ello, el portavoz socialista señalaba que “los cambios en la política de seguridad que ha impulsado el PSOE se traducen en un aumento de la seguridad ciudadana en España y también en la Comunidad Valenciana”. González ha fundamentado su afirmación en el hecho de que “en 2005, en España los delitos descendieron un 1,6 por cien y, entre ellos, los homicidios cayeron un 3,6 con respecto a 2004 y casi un 10 por cien desde 2003; además, los delitos contra el patrimonio han disminuido un 3,2 mientras que los hurtos han caído más de un 13 por ciento en 2005”.
MEJORA LA EFICACIA DE LAS FCSE.
Según los datos ofrecidos por el diputado, “no sólo caen los delitos, sino que además aumenta la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dado que las infracciones esclarecidas han aumentado un 1,7 por cien y la tasa de detenidos ha experimentado un incremento del 2,4 por cien, hasta los 130 detenidos por cada mil infracciones penales conocidas”. González recordaba que en 2003 “la tasa de detenciones fue de 111, lo que supone que el ascenso acumulado desde que gobierna el PSOE es de 11,7 por ciento”.
El diputado concluía señalando que “diga lo que diga el PP, los datos son incontestables y la tasa de criminalidad en España hoy se sitúa 20 puntos por debajo de la media de la UE-15 y eso supone que España y también la Comunidad Valenciana es más segura desde que gobierna el PSOE”.
Así mismo González replicaba a Costa afirmando que “la falta de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado en la Comunidad trae causa en los años de gobierno del PP, precisamente en el periodo en el que fueron Ministros del Interior Acebes y Rajoy”
En directa relación con lo cual, González ha señalado que “el desmantelamiento de las plantillas de la Policía y de la Guardia Civil y la merma que todavía padecen, se originó como consecuencia de la caída constante del gasto público en seguridad de los gobiernos del Partido Popular, entre 1996 y 2004”.
El también diputado nacional del PSOE, aseguraba que “entre 1996 y 2004 los recursos presupuestarios destinados a seguridad ciudadana cayeron más de un 20 por cien, pasando del 0,63 por cien del PIB cuando el PP llegó al gobierno en 1996 a menos del 49 por cien del PIB, en 2004”.
El portavoz del PSOE relacionaba esos datos “con la disminución constante del número de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se produjo en todas las Comisarías de la Comunidad y con el constante aumento del número de delitos y faltas que se experimentó en esos años”.
En directa relación con ello el socialista recordaba que “en ese periodo, las ofertas de empleo público en Policía y Guardia Civil convocadas por el gobierno del PP fueron insignificantes y manifiestamente insuficientes”, y ha puesto como ejemplo que “entre 1996 y 2000 que no se creaban plazas suficientes ni para cubrir las vacantes por jubilación que se producían en ambos cuerpos, ya que no se llegaba ni a los 3000 agentes cada año”
No obstante, el diputado del PSOE ha puesto de relieve que “el desinterés por la seguridad que mostraron los gobiernos del PP y la tendencia a desmantelar la Guardia Civil y la Policía Nacional, ya acabaron el 14-M”. A lo que ha añadido que “sólo en estos casi dos años el Gobierno del PSOE ha ofertado 9654 en 2005 y 9657 en 2006, en total más de 19300 nuevas plazas de policía y guardia civil, las dos mayores ofertas de empleo de miembros de las FCSE desde 1996”.
Además González recordaba que “Ese cambio en las políticas de seguridad que ha impulsado Zapatero, ha supuesto que en estos dos años, se hayan incorporado más de 900 efectivos a las plantillas de la Comunidad”.
En relación con todo ello, el portavoz socialista señalaba que “los cambios en la política de seguridad que ha impulsado el PSOE se traducen en un aumento de la seguridad ciudadana en España y también en la Comunidad Valenciana”. González ha fundamentado su afirmación en el hecho de que “en 2005, en España los delitos descendieron un 1,6 por cien y, entre ellos, los homicidios cayeron un 3,6 con respecto a 2004 y casi un 10 por cien desde 2003; además, los delitos contra el patrimonio han disminuido un 3,2 mientras que los hurtos han caído más de un 13 por ciento en 2005”.
MEJORA LA EFICACIA DE LAS FCSE.
Según los datos ofrecidos por el diputado, “no sólo caen los delitos, sino que además aumenta la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dado que las infracciones esclarecidas han aumentado un 1,7 por cien y la tasa de detenidos ha experimentado un incremento del 2,4 por cien, hasta los 130 detenidos por cada mil infracciones penales conocidas”. González recordaba que en 2003 “la tasa de detenciones fue de 111, lo que supone que el ascenso acumulado desde que gobierna el PSOE es de 11,7 por ciento”.
El diputado concluía señalando que “diga lo que diga el PP, los datos son incontestables y la tasa de criminalidad en España hoy se sitúa 20 puntos por debajo de la media de la UE-15 y eso supone que España y también la Comunidad Valenciana es más segura desde que gobierna el PSOE”.
06 enero 2006
El PSOE considera extraordinariamente negativos los datos de paro de Alicante en 2005
El portavoz del Consell Territorial del PSPV-PSOE, Carlos González, ha realizado una análisis político de la evolución del paro en la provincia de Alicante durante 2005 y ha calificado las cifras como “extraordinariamente negativas, se miren como se miren”, añadiendo que 2005 ha sido “un año fatídico para el empleo en nuestra provincia”.
En ese sentido, González se ha referido a los datos como “un nuevo jarro de agua fría para Alicante” y ha atribuido la responsabilidad de la situación “en exclusiva a Camps y a la errónea política económica e industrial del gobierno del Partido Popular en la Comunidad”.
El portavoz socialista reflexionaba sobre el “fuerte contraste que se produce en materia de empleo, entre la positiva evolución que se da en el conjunto de España y la gravedad de la situación en nuestra provincia”.
En relación con lo cual González señalaba que “el Presidente de la Generalitat debería preguntarse qué está pasando en Alicante para que, mientras que por primera vez en 30 años el paro en España está por debajo de la media de la Unión Europea y se crean 3000 nuevos empleos diarios, nuestra provincia padezca unas cifras de paro absolutamente insoportables”.
A lo que añadía que “el Partido Popular debe dejar de lanzar balones fuera y de atribuir los malos datos a la coyuntura, ya que el crecimiento del paro en Alicante es indudablemente estructural”.
En relación con ello, el diputado señalaba que “en este año el número de parados ha crecido diariamente y hoy son ya más de 83.000 los desempleados que acumula nuestra provincia”.
En directa relación con lo cual González señalaba que “después de un año más de gobierno del PP, de muchos planes sin prepuesto, de muchas frases grandilocuentes pero huecas y tras muchas declaraciones de Camps quitando importancia al asunto, hoy esta provincia tiene 8910 parados más que hace un año”.
González finalizaba recordando que “desde que Camps preside la Generalitat el paro está fuera de control en la provincia de Alicante y sigue una tendencia creciente imparable ”
07 noviembre 2005
Acebes y Rajoy tienen que intervenir en los casos de corrupción de Orihuela y Torrevieja
El PSOE exige la intervención de Acebes y Rajoy en los casos de corrupción de Orihuela y Torrevieja, ante la acreditada pasividad de Camps
El diputado socialista en las Cortes Generales y a su vez portavoz del Consell Territorial del PSPV-PSOE en Alicante, Carlos González Serna, ha exigido hoy “la intervención política de Acebes y Rajoy en los escándalos de corrupción que protagonizan los alcaldes del PP en Orihuela y Torrevieja”; “ante la -según él- acreditada pasividad del máximo responsable del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Francisco Camps”.
Según González “Camps es el principal responsable político de que Hernández Mateo y Medina sigan ostentando importantes responsabilidades, tanto en el Partido Popular como en los ayuntamientos de Torrevieja y Orihuela”; y atribuía “su condescendencia hacia ellos y su protección política”, a lo que él ha calificado como “su posición de profunda debilidad política en el seno del PP en la Comunidad, como consecuencia de la enconada lucha por el control del partido que mantiene con su adversario, el ex presidente de la Generalitat y hoy portavoz nacional del PP Eduardo Zaplana”
En directa relación con ello, el diputado nacional del PSOE señalaba al respecto de la situación de los dos principales alcaldes del PP en la comarca alicantina de la Vega Baja, que “es éticamente inadmisible que sigan siendo alcaldes y militantes del PP, pero es más indecente todavía que el propio Camps, actuando como Presidente de la Generalitat, acuda a sus municipios a darles públicamente su apoyo político”
González volvía a subrayar que “Acebes y Rajoy deben saber que el alcalde de Torrevieja se ha convertido de la noche a la mañana en un auténtico genio de los negocios inmobiliarios, comprando una finca por 180.000 euros y vendiéndola poco después por 5,2 millones de euros, y embolsándose unas plusvalías del 3000 por cien”.
En relación con lo cual, el portavoz de los socialistas recordaba que “no sólo es un inmoralidad porque se trata de especulación pura y dura, protagonizada por un alcalde”, “sino que además – continuó señalando - hay que tener en consideración como circunstancia agravante que Hernández Mateo, casualmente vendió las fincas a una empresa que opera habitualmente en Torrevieja, que poco antes había permutado solares con el Ayuntamiento y sobre cuyos intereses se han adoptado importantes decisiones desde la Alcaldía ”.
En directa relación con ello, González siguió incidiendo en la gravedad del asunto recordando que “además, ha quedado acreditado que compró las fincas hasta cinco veces por debajo del precio medio del mercado a la fecha de la operación” a lo que añadía con ironía que “pero ahí no acaba su buena estrella en los negocios, ya que también la casualidad llevó a que hiciera esa magnifica compra a una empresa a la que con anterioridad el Ayuntamiento había recalificado suelo”.
El diputado del PSOE ha enfatizado con sorna “las casualidades que rodean a la buena estrella urbanística del alcalde del PP”, remarcando que “compró fincas por debajo del precio de mercado a empresas con importantes vínculos con el Ayuntamiento y, posteriormente, vendió también en magníficas condiciones a empresas con importantes intereses urbanísticos en el municipio”. En relación con lo cual sentenció “¿alguien puede pensar que esos fenomenales negocios, no tienen ninguna relación con el hecho de que Hernández Mateo es el máximo responsable del urbanismo en Torrevieja?”
ROLLS ROYCE Y CHALET DE LUJO. Al respecto del otro alcalde investigado por Anticorrupción, José Manuel Medina, el socialista indicó que “si Camps tuviera un ápice de seriedad y dignidad política no sólo no le abrazaría públicamente, en señal de su apoyo político, sino que tendría que haberle expulsado del PP fulminantemente”. En ese sentido el portavoz del PSOE en la provincia de Alicante recordaba que “el Ayuntamiento de Orihuela se encuentra sumido permanentemente en escándalos urbanísticos y económicos”. A lo que a continuación añadía que “a lo que hay que sumar el más que sospechoso comportamiento patrimonial del alcalde, viviendo en un chalet de lujo a nombre de un promotor beneficiado por polémicas recalificaciones y conduciendo dos vehículos de súper lujo, un Audi A8 y un Rolls, a nombre de sendos promotores también con importantes intereses urbanísticos en Orihuela”.
Para finalizar González volvió a reclamar “una intervención decidida y urgente de los máximos responsables del Partido Popular ante la descomposición ética que padece el PP en la provincia de Alicante y que el señor Camps ha demostrado que es incapaz de atajar”
22 octubre 2005
El alcalde de Torrevieja, símbolo de la "podredumbre ética" del Partido Popular
El PSOE tacha a Hernández Mateo como el símbolo de la “podredumbre ética” del Partido Popular en la Comunidad Valenciana
El portavoz del Consell Territorial del PSPV-PSOE, Carlos González, ha calificado de “noticia muy positiva para democracia y para los ciudadanos de Torrevieja” que la justicia haya citado para declarar como imputado a Hernández Mateo, en relación con las “turbias operaciones de compraventa de fincas en Almoradí que han supuesto que el alcalde haya obtenido unas plusvalías que se aproximan a los mil millones de pesetas”.
El diputado del PSOE ha señalado en relación con todo ello que “los ciudadanos no deben olvidar que en este asunto Hernández Mateo tiene dos niveles de responsabilidad, la responsabilidad jurídica y la responsabilidad política”.
González, profundizaba en la cuestión resaltando que “ a los tribunales le corresponde estudiar si en la compraventa, que conllevó el súbito enriquecimiento del alcalde del Partido Popular, se cometió algún delito; es decir, si hay pruebas o elementos de los que se deduzca con claridad que hubo tráfico de influencias y uso de información privilegiada”. A lo que inmediatamente añadió que “ese es el papel de la justicia, pero a los torrevejenses les corresponde hacer el juicio ético y político de la actuación del alcalde, con independencia de que su actuación resulte ser o no delito”.
En ese sentido González planteó que “los ciudadanos deben valorar si es ético, si aprueban la conducta de aquél al que eligieron para que dirigiera los asuntos de la ciudad, lleve a cabo jugosos negocios urbanísticos e inmobiliarios con promotores locales sobre cuyos intereses decide desde su sillón de alcalde”. “La pregunta –continuó diciendo- que deben hacerse es si puede tener negocios privados un alcalde con los mismos empresarios sobre cuyos intereses toma decisiones en la alcaldía, si es ético que Hernández Mateo negocie a nivel privado con los promotores a los que recalifica terrenos en el desempeño de sus funciones de alcalde.”
En directa relación con lo cual, González indicaba que “sea o no culpable desde el punto de vista de la justicia, que ya se verá, desde el punto de vista ético y político la actuación del alcalde de Torrevieja es totalmente reprobable; gobernar y hacer trapicheos urbanísticos es absolutamente incompatible con el recto gobierno de la ciudad, ya que un alcalde debe estar dedicado por entero, en exclusiva, a resolver los asuntos de los ciudadanos”.
CAMPS Y SU “CERCANÍA, CARIÑO Y CONFIANZA”. Asi mismo González, incidía en la importancia que a su juicio tiene “el papel que juega el Presidente Camps en todo este asunto”. En ese sentido el diputado socialista señalaba que “Camps ayer amparaba al alcalde de Orihuela, también bajo sospecha al estar investigado por la fiscalía anticorrupción, anteayer abrazaba a Fabra, sentado en el banquillo por defraudar a Hacienda, y hoy no tiene más remedio que decir lo mismo que ayer y anteyer; es decir, no tiene más remedio que dar su
En ese sentido, González ironizaba recordando al Presidente de la Generalitat que “los Estatutos del Partido Popular contienen algo llamado Compromiso ético para la recuperación de la vida pública del Partido Popular, en cuyo apartado octavo se establece la obligación ineludible de los cargos públicos del PP de
Por lo que el portavoz socialista lanzaba dos preguntas directas al Presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, inquiriéndole sobre si ¿considera que el hecho de que la juez llame a declarar a Hernández Mateo como imputado es síntoma o no de que hay indicios racionales de delito?, si ¿va a cumplir los Estatutos de su partido ahora que la justicia ya ha abierto un procedimiento jurisdiccional y ya ha imputado al militante del PP, Hernández Mateo? Y, en tercer lugar, si ya que el militante del PP está imputado ¿va abrir una comisión de investigación interna que esclarezca los hechos o va a prestarle también su cercanía, cariño y confianza, como a Medina?”
González finalizó, asegurando que Hernández Mateo y Medina son “el símbolo de la podredumbre ética que padece el Partido Popular en la Comunidad Valenciana” y que “los ciudadanos son sabios, toman nota y lo harán pagar muy caro al Partido Popular en las elecciones autonómicas y municipales de 2007”
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30 septiembre 2005
El PP está destrozado y sin rumbo en Orihuela
El PSOE asegura que el enfrentamiento entre Medina y Lorente pone de manifiesto que el PP está “destrozado y sin rumbo” en Orihuela
El portavoz del Consell Territorial del PSPV-PSOE, Carlos González, ha valorado la situación política del PP en el ayuntamiento de Orihuela con motivo del Pleno que celebrará hoy calificándola como “dantesca y surrealista”. Según ha expresado “la división y el enfrentamiento en el PP ha alcanzado tanta intensidad que pone en grave riesgo la estabilidad del gobierno municipal”. A juicio de González, “a casi dos años para la celebración de las elecciones municipales, el gobierno municipal está destrozado y sin rumbo político”.
En relación con ello, el diputado socialista ha puesto de relieve que “la guerra sin cuartel que vive el PP en Orihuela no es por motivos ideológicos, sino por el control del desarrollo urbanístico del municipio”. Así, según él “hay innumerables e innombrables intereses en juego y tanto Medina como Lorente, quieren tener el control exclusivo del urbanismo de la ciudad. Esa es la razón última de la crisis del Partido Popular”. González ha reiterado que “ese enfrentamiento es una pesada lacra para la ciudad y para los importantes intereses generales que hay en juego”.
Así mismo González ha indicado que “la situación es de ruptura total, pase lo que pase hoy en el pleno, y las posiciones son absolutamente irreconciliables”. Con lo que, al modo de ver del representante del PSOE, “el camino de Orihuela hasta las elecciones municipales del 2007 va a ser muy duro y traumático, ya que con un gobierno roto no hay posibilidad ni de tomar decisiones en clave de presente, ni mucho menos para sentar las bases con las que afrontar el futuro”. Además, ha señalado que “los primeros y más perjudicados van a ser los oriolanos, porque una ciudad en desgobierno es una ciudad que pierde oportunidades”.
González, recalcó que “tanto el Sr. Camps como la Sra. Pedrosa, son responsables por omisión de la situación del PP en Orihuela, su pasividad y desinterés es también causa directa de la crisis”, señalando que “ambos miran para otro lado mientras que el ayuntamiento de Orihuela y el grupo del PP están a punto de reventar políticamente”. Por ello, según él “los oriolanos harían bien en tomar buena nota y pasar factura al Partido Popular en 2007”.
Por último, el portavoz socialista ha vuelto a expresar públicamente “la enorme preocupación del PSOE por la situación en que el PP ha colocado al ayuntamiento de Orihuela, donde lo primero son los intereses oscuros y lo último las necesidades de la ciudad y de los ciudadanos”
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27 septiembre 2005
La crisis permanente del PP en Orihuela, origen de la ingobernabilidad
El PSOE exige a Camps que ponga orden en Orihuela ante la absoluta ingobernabilidad generada por la crisis permanente del PP
El portavoz del Consell Territorial del PSPV-PSOE, Carlos González, no ha dudado en manifestar que “la votación de la Presidenta del PP y sus fieles contra el proyecto urbanístico impulsado por el Alcalde, deja a las claras que el Partido Popular se ha roto definitivamente en Orihuela y que las posturas son irreconciliables”.
A su juicio, la situación de “enfrentamiento constante que protagonizan Medina y Lorente es totalmente insostenible”. Por ello, González no ha dudado en calificar la situación política creada en el equipo de gobierno de Orihuela, como de “absoluta ingobernabilidad”.
En directa relación con lo cual, el portavoz de los socialistas ha reclamado “la intervención inmediata de Camps, como máximo responsable del PP en la Comunidad, para poner orden en la jaula de grillos que intenta dirigir Medina”. Además, le ha responsabilizado “de la crisis crónica que padece el PP oriolano, por su incapacidad para poner orden en sus filas”
En ese sentido, el portavoz del PSOE señaló que “la falta de valentía politica de Camps ha consentido que el día a día del gobierno municipal del PP en Orihuela se haya convertido en una reyerta constante” en la que, a su juicio “Medina se venga de su derrota en la asamblea haciendo la vida imposible a los concejales alineados con Lorente” y por su parte “la Presidenta local desautoriza públicamente al alcalde machacando sus iniciativas”
En relación con todo lo cual el diputado socialista ha vuelto a denunciar que “las consecuencias de la guerra sin cuartel que vive el PP oriolano las sufren los ciudadanos” que según él “ven como las necesidades colectivas y sus legítimos intereses son desatendidos cuando no pisoteados, como consecuencia de la guerra sin cuartel entre los partidarios de Camps y Zaplana en el gobierno municipal de Orihuela”
Así, según él, “el Ayuntamiento está paralizado, Orihuela pierde cada día importantes oportunidades para su desarrollo socio-económico, como consecuencia de la falta de seriedad política del Gobierno del Partido Popular”
MEDINA DESAUTORIZADO Y RIDICULIZADO. Por otra parte, González no ha dudado en resaltar “la situación de ridículo político en la que ha quedado Medina”. Según el portavoz socialista “un alcalde al que su propio grupo político le tumba un proyecto urbanístico de esa envergadura, sólo tiene una salida digna, marcharse a casa”. No obstante, el socialista se lamentaba porque “la situación lejos de resolverse de una forma políticamente lógica va a verse agravada en los próximos días”
A su juicio, la situación de “enfrentamiento constante que protagonizan Medina y Lorente es totalmente insostenible”. Por ello, González no ha dudado en calificar la situación política creada en el equipo de gobierno de Orihuela, como de “absoluta ingobernabilidad”.
En directa relación con lo cual, el portavoz de los socialistas ha reclamado “la intervención inmediata de Camps, como máximo responsable del PP en la Comunidad, para poner orden en la jaula de grillos que intenta dirigir Medina”. Además, le ha responsabilizado “de la crisis crónica que padece el PP oriolano, por su incapacidad para poner orden en sus filas”
En ese sentido, el portavoz del PSOE señaló que “la falta de valentía politica de Camps ha consentido que el día a día del gobierno municipal del PP en Orihuela se haya convertido en una reyerta constante” en la que, a su juicio “Medina se venga de su derrota en la asamblea haciendo la vida imposible a los concejales alineados con Lorente” y por su parte “la Presidenta local desautoriza públicamente al alcalde machacando sus iniciativas”
En relación con todo lo cual el diputado socialista ha vuelto a denunciar que “las consecuencias de la guerra sin cuartel que vive el PP oriolano las sufren los ciudadanos” que según él “ven como las necesidades colectivas y sus legítimos intereses son desatendidos cuando no pisoteados, como consecuencia de la guerra sin cuartel entre los partidarios de Camps y Zaplana en el gobierno municipal de Orihuela”
Así, según él, “el Ayuntamiento está paralizado, Orihuela pierde cada día importantes oportunidades para su desarrollo socio-económico, como consecuencia de la falta de seriedad política del Gobierno del Partido Popular”
MEDINA DESAUTORIZADO Y RIDICULIZADO. Por otra parte, González no ha dudado en resaltar “la situación de ridículo político en la que ha quedado Medina”. Según el portavoz socialista “un alcalde al que su propio grupo político le tumba un proyecto urbanístico de esa envergadura, sólo tiene una salida digna, marcharse a casa”. No obstante, el socialista se lamentaba porque “la situación lejos de resolverse de una forma políticamente lógica va a verse agravada en los próximos días”
21 septiembre 2005
Camps pagará una "costosa factura" en 2007 por su apoyo inquebrantable a Medina
El PSOE asegura que el apoyo inquebrantable de Camps a Medina, le "mancha" hoy y le pasará una "costosa factura" en 2007
El portavoz del Consell Territorial del PSPV-PSOE, Carlos González, ha valorado “muy positivamente” la intervención de la Fiscalía Anticorrupción en el “caso Orihuela”. Según el portavoz socialista “es muy necesario que se investigue a fondo qué ha estado pasado en los últimos años en el Ayuntamiento de Orihuela”. A su juicio “a la luz de las revelaciones de los ex amigos de Medina se está sabiendo ahora que, alrededor del gobierno del PP se acumulan multitud de irregularidades e incluso de posibles ilegalidades graves”.
En directa relación con ello, González no ha dudado en apuntar al propio Presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, como “responsable último de la situación del Ayuntamiento de Orihuela”. Así, el socialista considera que “es Camps precisamente quien ha dado todo su apoyo y amparo político a Medina, a sabiendas de que su gestión está bajo sospecha”
Asimismo, González exigía al Presidente del PPCV que explique a los ciudadanos de Orihuela “a qué está esperando para apartar a Medina del Partido Popular”; “¿Qué más –se preguntaba- necesita Camps para poner orden en el PP de Orihuela?
El también diputado nacional del PSOE apuntaba “a la manifiesta debilidad política de Camps” así como también “al cruento enfrentamiento con los partidarios de Zaplana” como causa fundamental por la que “mantiene su alianza con un alcalde desprestigiado y cuya gestión se caracteriza por estar más tiempo declarando en los juzgados que velando por los intereses de los ciudadanos”
Además el portavoz socialista reclamaba al Presidente del PP que “no siga mirando para otro lado y dé respuesta inmediata a la exigencia de transparencia de la sociedad oriolana”
Finalmente el diputado socialista recordaba a Camps que “Medina es una amistad peligrosa” y que “mantener su apoyo inquebrantable, le mancha hoy y le pasará una costosa factura mañana”
http://cgonzalez.info
El portavoz del Consell Territorial del PSPV-PSOE, Carlos González, ha valorado “muy positivamente” la intervención de la Fiscalía Anticorrupción en el “caso Orihuela”. Según el portavoz socialista “es muy necesario que se investigue a fondo qué ha estado pasado en los últimos años en el Ayuntamiento de Orihuela”. A su juicio “a la luz de las revelaciones de los ex amigos de Medina se está sabiendo ahora que, alrededor del gobierno del PP se acumulan multitud de irregularidades e incluso de posibles ilegalidades graves”.
En directa relación con ello, González no ha dudado en apuntar al propio Presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, como “responsable último de la situación del Ayuntamiento de Orihuela”. Así, el socialista considera que “es Camps precisamente quien ha dado todo su apoyo y amparo político a Medina, a sabiendas de que su gestión está bajo sospecha”
Asimismo, González exigía al Presidente del PPCV que explique a los ciudadanos de Orihuela “a qué está esperando para apartar a Medina del Partido Popular”; “¿Qué más –se preguntaba- necesita Camps para poner orden en el PP de Orihuela?
El también diputado nacional del PSOE apuntaba “a la manifiesta debilidad política de Camps” así como también “al cruento enfrentamiento con los partidarios de Zaplana” como causa fundamental por la que “mantiene su alianza con un alcalde desprestigiado y cuya gestión se caracteriza por estar más tiempo declarando en los juzgados que velando por los intereses de los ciudadanos”
Además el portavoz socialista reclamaba al Presidente del PP que “no siga mirando para otro lado y dé respuesta inmediata a la exigencia de transparencia de la sociedad oriolana”
Finalmente el diputado socialista recordaba a Camps que “Medina es una amistad peligrosa” y que “mantener su apoyo inquebrantable, le mancha hoy y le pasará una costosa factura mañana”
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12 septiembre 2005
El PSOE reclama a los regantes una actitud "positiva y constructiva" para que "haya agua suficiente y de calidad cuanto antes"
El portavoz del Consell Territorial del PSPV-PSOE, Carlos González, ha planteado la necesidad de que el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l´Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, Andrés Martínez, “reflexione con serenidad” ya que, a su juicio “las amenazas son el peor camino para encontrar soluciones a los problemas”, en referencia a su planteamiento de que la toma del trasvase se haga en Cortes de Pallas o de lo contrario el trasvase se quedará sin usuarios.
Según él “la estrategia del enfrentamiento sistemático contra el Gobierno a quien más perjudica es al agricultor de verdad”. En ese sentido, el portavoz socialista ha calificado como un “un error y un planteamiento totalmente contrario a los intereses de los agricultores las amenazas de renunciar al agua del azud de la Marquesa”. “Ha llegado el momento ya de afrontar el debate del agua con una actitud positiva y constructiva, dejando de lado los enfrentamientos” dijo González.
En directa relación con ello, González recordó a Martínez que “los regantes lo quieren es agua, venga de donde venga, siempre que sea de calidad y que sea en cantidad suficiente para cubrir sus necesidades”. “El agricultor –continuó afirmando- necesita regar sus plantaciones y el agua del azud de la Marquesa se ha demostrado que es buena para todo tipo de regadíos, mientras que en Cortes de Pallás no hay agua suficiente”.
Por ello, indicó el socialista “el Gobierno mantiene su compromiso esencial, que es traer agua en cantidad suficiente y de calidad a la provincia de Alicante, lo que significa que el trasvase Júcar-Vinalopó sí se va a hacer”.
Así mismo, el diputado socialista volvió a reclamar “un dialogo sereno y sosegado en el debate sobre el agua”, subrayando que “tan cierto como que nuestra provincia necesita agua, es que para que la haya es necesario superar el clima de enfrentamiento y confrontación sistemática que el PP y su entorno está alimentando interesadamente”.
Por ello, González ha hecho una llamada al “sentido común de los beneficiarios del trasvase, de aquellos que no quieren manifestarse sino que lo que necesitan es agua de riego para sus explotaciones, para que exijan a sus dirigentes que sean prácticos y realistas y lleguen a acuerdos con el Gobierno”.
EL PAPEL DE CAMPS Y DEL PP EN LA MANIFESTACION. Por otra parte, el diputado del PSOE ha señalado que “la presencia del Presidente de la Generalitat en la manifestación simboliza su incapacidad para resolver las necesidades de los ciudadanos trabajando con normalidad en los despachos”.
En ese sentido González indicó que “Camps y los suyos están muy cómodos en las manifestaciones del agua, porque mientras se grita a favor del trasvase no se habla ni de la caída de la producción industrial que padece nuestra provincia, ni del aumento del paro ni de los centenares de barracones con los que ha comenzado el curso escolar en Alicante”. Y, continuó diciendo para finalizar “sobre todo le sirve para que no se hable de la parálisis de su Gobierno y de la guerra sin cuartel que sus afines libran con los zaplanistas”
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