Ley de Dependencia: Avanzando en justicia y solidaridad

La pasada semana comenzaba la tramitación en el Congreso de los Diputados, del proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Una importante iniciativa legislativa que constituye el cumplimiento de un compromiso político adquirido por el PSOE en la campaña electoral que precedió a las elecciones generales del 14 de marzo de 2004. Y una iniciativa legislativa que va a suponer un considerable avance en el modelo de Estado social que consagra la Constitución española, como consecuencia de la creación de un nuevo derecho para los ciudadanos; no en vano, ha sido calificada como el cuarto pilar del estado de bienestar, situándola al mismo nivel que las leyes aprobadas en los años 80 por los gobiernos de Felipe González y que convirtieron la sanidad, la educación y las pensiones también en derechos de todos. Su trascendencia social radica en la repercusión que va a tener sobre la sociedad española, particularmente, sobre la población dependiente y sus familias. Algunos datos estadísticos extraídos del Libro Blanco de la Dependencia, pueden servirnos para conocer la intensidad del impacto positivo que va a tener en el corto y medio plazo la ley para la población dependiente de nuestro país. Concretamente, en este momento las personas en situación de gran dependencia son casi 200.000, en dependencia severa 370.000, en dependencia moderada 560.000, lo que hace un total de 1.125.000 personas. Además, se estima que en 2015 el colectivo habrá experimentado un crecimiento cercano al 20 por cien, lo que elevará la cifra total hasta 1.400.000 personas aproximadamente. Hasta ahora la atención a las personas que por su situación de dependencia no pueden realizar por si mismas las actividades básicas de la vida diaria, ha sido una cuestión estrictamente privada que se ha venido afrontando desde el ámbito, casi exclusivamente, de la familia; si bien es cierto que, en algunos casos con el apoyo de algunas administraciones locales y/ o autonómicas especialmente sensibilizadas con tal género de situaciones, siendo el Ayuntamiento de Elche un buen ejemplo de tal implicación. Por otra parte, cabe resaltar que dentro de la familia la atención es prestada, concretamente, por las mujeres; por muchas hijas, madres o esposas que dedican un número muy importante de horas al día al cuidado del familiar dependiente. Ambas afirmaciones son corroboradas a la luz de los datos que maneja el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; así, en la actualidad muy pocas personas en situación de dependencia disponen de servicios como la ayuda a domicilio (3,14 %), tele asistencia (2,05 %) o plaza en centro de día o en una residencia (0,46%); lo que evidencia la insuficiente cobertura. Y además, a día de hoy el 83 por ciento de los cuidadores son mujeres, el 60 por ciento tienen un bajo nivel de estudios, el 73 por ciento no tiene actividad laboral retribuida alguna y la edad media del cuidador es de 53 años. La aprobación de la Ley supondrá, por tanto, la respuesta del Estado dirigida a promover la autonomía personal y a garantizar la atención y la protección de las personas en situación de dependencia; mediante la creación de un sistema público, el Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, que garantice la atención necesaria, estableciendo un conjunto prestaciones al que tienen derecho los ciudadanos según su grado de dependencia. No pudiéndose pasar por alto que el derecho a recibir la atención del Sistema, se concreta en el artículo 4 del futuro texto legal como un derecho perfecto y subjetivo de carácter universal, susceptible de ser exigido administrativa y judicialmente y por tanto, garantizado a los titulares potenciales. El proyecto de ley contempla tres tipos de prestaciones. El primer tipo son los servicios, según un catálogo que incluye la tele asistencia, la ayuda a domicilio, los centros de día y de noche y los centros residenciales. El segundo tipo es la prestación económica vinculada al servicio, que se facilitará cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención a la dependencia, y cuya cuantía se determinará en función del grado de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario. El tercero será la ayuda económica para cuidados en el entorno familiar, siempre que se den las condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda. En relación con ello, considero necesario destacar que habrá una prioridad de los servicios frente a las prestaciones económicas. Esta preferencia por la prestación de los servicios es la fórmula más coherente con la manera de entender los derechos sociales como derechos de prestación por parte de las administraciones públicas. No obstante, parece lógico que durante los primeros años, que serán de implantación gradual del sistema y en los que se deben crear las infraestructuras suficientes, sea probable que sean más frecuentes las prestaciones y ayudas económicas que los servicios. Pero con el transcurso del tiempo y una vez creadas las infraestructuras necesarias, el sistema debe garantizar que la relación se invierta y que las ayudas económicas pasen a ser una excepción siendo la norma general, la prestación de servicios. Por otra parte, es preciso contemplar los efectos de la futura ley también desde la óptica económica; según informó a la Cámara el propio Ministro de Trabajo, Jesús Caldera, el coste total del sistema en 2015 será de 9.355 millones de euros - casi un billón setecientos mil millones de pesetas-, lo que va a suponer un esfuerzo financiero muy importante. De 2007 a 2015, el periodo calculado para implantar de forma gradual el sistema, la Administración General del Estado aportará casi 13.000 millones de euros y las comunidades autónomas una cantidad similar. Ello significa, en términos de Producto Interior Bruto, pasar del 0,33% del PIB que se dedica en la actualidad a la dependencia a más del 1% en 2015. Además, los beneficiarios deben participar en la financiación del sistema en función de su capacidad económica, porque ello es absolutamente necesario para su sostenibilidad; si bien, esa participación en la financiación del sistema no superará de media, el 30 por ciento del coste del servicio. No obstante, ninguna persona quedará sin protección por ausencia de recursos, ya que en ese caso la ley contempla que la prestación necesaria será financiada íntegramente por el sistema. Se estima además que la puesta en marcha del Sistema Nacional de Atención a la Dependencia tenga efectos también beneficiosos para la actividad económica de nuestro país. Según diversos estudios, se calcula que se crearán 300.000 puestos de trabajo directos a los que habrá que sumar un número adicional de puestos de trabajo indirectos, también considerables. El PIB de nuestra economía será en el año 2010 un 1,56 por ciento mayor que si no se hubiera implantado el sistema y el retorno fiscal global por impuestos generales y cotizaciones será importante, pudiendo llegar a cubrir, según las estimaciones antes referidas hasta las dos terceras partes del gasto asociado al despliegue del mismo. Por último desde la óptica política, los socialistas estamos convencidos de que la sociedad, a través de los poderes públicos, tiene la obligación ética de realizar ese esfuerzo colectivo para mejorar las condiciones de vida de quienes sufren las enormes dificultades derivadas de la situación de dependencia. A esa convicción responde la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Una iniciativa legal que supone la ampliación de la política social, que construye un nuevo derecho de ciudadanía y que a su vez permite un gran avance en la protección social de los ciudadanos. Una norma que, al asumir el reto de dar respuesta a los problemas de los miembros más débiles y vulnerables de la sociedad, nos hace avanzar en justicia y solidaridad. Una ley de la que, sin duda, todos los españoles podremos sentirnos orgullosos. Carlos González http://carlosgonzalez.es Diputado por Alicante y Portavoz del Consell Territorial del PSPV-PSOE